Tras la sanción presidencial a la prórroga de la Ley 418, el Gobierno cuenta con los instrumentos para iniciar conversaciones con los grupos armados ilegales. En los próximos días se comenzarán unas de tipo político con el Eln en Venezuela. En la norma queda la puerta para hacer también negociaciones de esta clase con las disidencias y la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’.

Frente a ello, el senador Humberto de la Calle le pide al Gobierno ser riguroso para caracterizar a estos grupos, pues a su juicio el Eln es la única organización con estatus político que permita hacer una negociación. Los demás deben someterse a la justicia.

EL NUEVO SIGLO: En la prórroga de la Ley 418 quedó la puerta abierta para que el Gobierno realice negociaciones de tipo político con la Segunda Marquetalia y las disidencias, ¿cuál es su opinión? 

HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA: Lo primero es que se debe diferenciar entre disidencias y desertores. Frente a la Segunda Marquetalia y los desertores, lo que debería ocurrir es que exista un sometimiento a la justicia ordinaria. 

Y de acuerdo con lo que se aprobó será una instancia de alto nivel la que se encargue de estudiar, caracterizar y clasificar a estos grupos. No estoy de acuerdo en que se les reconozca el carácter político a quienes incumplieron los acuerdos para seguir delinquiendo. Ellos ya tuvieron su oportunidad. 

Por otro lado, las disidencias deben ser miradas de otra manera, al menos desde una visión ética ellas no firmaron los acuerdos; sin embargo, debe haber un juicio riguroso para caracterizar a estos grupos. Considero que aunque es posible, es difícil reconocerles el carácter de políticos de acuerdo con la tradición colombiana. El único actor con carácter político que permanece es el Eln.

ENS: ¿Hay en el Acuerdo de Paz alguna disposición para que quienes incumplan ese pacto no puedan luego sostener otra negociación política con el Gobierno? ¿O conoce alguna norma que lo prohíba? 

HDLCL: En el Acuerdo no había ninguna disposición para el futuro; sin embargo, en la Ley Estatutaria de la JEP se definió a los desertores como aquellos miembros de las organizaciones que habiendo suscrito un acuerdo de paz, decidan abandonar el proceso para alzarse nuevamente en armas como rebeldes o quienes entren a formar parte de grupos armados organizados o grupos delictivos organizados.

Frente a estas personas no podría aplicarse ningún tipo de beneficio legal producto del Acuerdo y en caso de haberlo recibido lo perderían. Pasarían a la justicia ordinaria.

ENS: Suponiendo que a la organización de ‘Márquez’ le dieran un tratamiento político y que firmara un acuerdo de paz, ¿en su opinión ante qué autoridad se presentaría esta persona para responder a la justicia, teniendo en cuenta que a la JEP le quedan todavía al menos 11 años de vigencia y que ésta lo expulsó por incumplir el Acuerdo?

HDLCL: El Acto Legislativo 01 de 2017, que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es claro en señalar que a la JEP solo podrán entrar personas que hayan cometido delitos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016, siempre y cuando estos guardaran relación con el conflicto armado. 

Es decir, ‘Iván Márquez’ no podría hoy entrar a la JEP. Tendría que responder a la justicia en el escenario de la jurisdicción ordinaria.

ENS: ¿Qué piensa de la política de paz del Gobierno, que busca la desactivación de todos los grupos armados ilegales? 

HDLCL: Todos queremos la paz total, pero miremos esto con extremo cuidado. Apoyo al Gobierno en su pretensión, soy un luchador de la paz, pero hay unas líneas rojas y amarillas que deben estudiarse e incluso repensarse.

Hay ciertas inquietudes tanto en la 418, como en  algunos temas que han anunciado del posible proyecto de sometimiento, que aún estamos por conocer.  El problema no es la voluntad de paz, sino de qué forma se estructura esta paz y qué garantías de cumplimiento y respeto con los acuerdos anteriores existe. La paz total se construye a partir de todas las paces pasadas, y sin el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana no habrá paz total.

ENS: ¿Qué piensa de la carta que se juega el Gobierno proponiéndoles a los grupos armados cese al fuego antes de comenzar negociaciones? 

HDLCL: Estas conversaciones deben estar mediadas por una condicionalidad, no se puede ofrecer sin contraprestación. Como diría el famoso adagio: “Obras son amores”. Es realmente difícil pensar en un cese al fuego sin elementos para comprobarlo. 

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Cuando llegamos en La Habana a la negociación de este punto, fue uno de los más complejos debido a la rigurosidad que debían tener los verificadores del cese, los protocolos en caso de que hubiese un incidente, cómo se iba a resolver, etc. Hoy, pensar en un cese simultáneo con múltiples actores deja varios interrogantes. 

El Eln y las bandas armadas deben demostrar una voluntad de dejación de armas y desmovilización. Es un mal antecedente abrir la posibilidad de prolongar la dejación de armas mientras el Estado cumple. Esto nos lleva inevitablemente a una especie de paz armada. 

ENS: Sobre la negociación con el Eln, ¿considera que puede copiar algo de lo que se hizo en La Habana? Y en cuanto a la implementación de un eventual acuerdo, ¿deberían ser distintos el modelo y la institucionalidad a los creados para el que se hizo con las Farc? 

HDLCL: Hay lecciones aprendidas de La Habana que son útiles para un proceso de negociación y uno debería hacer uso de la experiencia de las instituciones creadas para ello; sin embargo, más allá de poder expresar una opinión desde lo acontecido con las Farc, se debe entender que son grupos diferentes. 

El Eln es una guerrilla compleja, con una naturaleza diferente a la de las antiguas Farc, las condiciones de negociación se deben adaptar al tipo de grupo con el que se quiere establecer la conversación. Confiamos en que el Gobierno tiene información suficiente y rigurosa para adelantar conversaciones y negociaciones productivas.

ENS: ¿Es optimista de que Colombia en un futuro cercano logre la paz total o esto podría tomar mucho más tiempo? 

HDLCL: Antes de contestar me gustaría decir que la paz es una expectativa para todos los colombianos, es un anhelo. El anterior gobierno la descuidó y hoy más que nunca debemos recuperar el tiempo perdido. Yo no quiero ser un obstáculo en ese anhelo, mis comentarios y dudas las hago con el espíritu de poder aportar de forma positiva al proyecto.

Apoyo la paz total, pero en mi rol de independencia seré crítico en los momentos que deba hacerlo.

Ahora, sin lugar a duda es complejo pensar que la paz se dará de forma inmediata a las negociaciones en un país que ha sido castigado por la violencia durante décadas y que cuenta con vacíos estructurales a consecuencia del conflicto. Ya lo vivimos en La Habana. 

Las negociaciones son el punto de partida, pero en los procesos y en el cumplimiento de los acuerdos es donde se empiezan a ver los cambios. Colombia tiene que luchar contra las dinámicas de violencia que someten a generaciones a casi que dijéramos un bucle sin salida de condiciones precarias que se prestan para el conflicto. 

Por ejemplo, hay unos temas sustanciales que nos podrían acercar a ese ideal de justicia social para lograr una reconciliación nacional. Elementos como la tenencia de la tierra, el enfoque en la lucha contra las drogas, los pactos internacionales que se hagan en esa materia, los programas de sustitución de cultivos y el factor reparador y restaurativo en los procesos de verdad y reconciliación son claves para acelerar ese proceso y hacer de ese futuro de paz una realidad cercana y no un ideal intermitente.