Las masacres parecían haber pasado a formar parte de una historia violenta del país, pero los hechos recientes demuestran que no es así y que nuevamente el miedo ronda a los pobladores de algunas regiones.
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A pesar de que el Gobierno nacional anunció la creación de una Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de los perpetradores, en los últimos 22 meses se presentaron 107, con un saldo de 415 víctimas fatales.
Y, de acuerdo con el director de Indepaz, Camilo González Posso, desde el 1 de enero a la fecha se han registrado 71 masacres que dejan un saldo de 282 personas asesinadas, mientras que en el 2019 ocurrieron 36 masacres con 133 ciudadanos muertos.
Expresó que las acciones criminales cobijan a 20 departamentos, siendo los más afectados: Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca.
“La mayoría de masacres son perpetradas por sicarios y grupos armados al margen de la ley”.
Afirmó González Posso que “se define masacre como el homicidio de tres o más ciudadanos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
Explicó que “en Colombia tenemos el modelo criminal de masacres desde los años 90 a la fecha y se puede asegurar que en un 50% no hay responsables visibles de esos asesinatos, mientras que el otro 50% es ejecutado por el narcotráfico, el Eln, los grupos residuales de las Farc; los herederos del paramilitarismo, entre ellos Los Caparrapos, El Clan del Golfo y otros actores armados al margen de la Ley”.
Dijo que desde la firma del Acuerdo de Paz a hoy “solo hay 15 condenas. Entonces nosotros seguimos diciendo que el nivel de investigación es bajito, porque no se llega a los autores intelectuales y el proceso se queda en aquellas personas sindicadas de ser los responsables materiales de esos crímenes. Pero, reitero, no se llega a la persona que contrató a los sicarios y quienes están detrás de estos homicidios o sus autores intelectuales y cuál era el objetivo final o qué beneficios se buscan con estos crímenes”.
“Se puede decir que cada semana hay una masacre en Colombia y por esta razón le estamos pidiendo al Gobierno nacional que haga una calificación, una prevención y una acción contra estos criminales, pero que las decisiones y ejecuciones sean eficientes y se vean resultados”, indicó González Posso.
Recientemente, la Organización de Naciones Unidas expresó su “enérgica condena” por la espiral de violencia que envuelve al país, al tiempo que expresó que estos hechos de crueldad ocurren en regiones con presencia de grupos armados al margen de la ley, economías subterráneas, pobreza y “una limitada presencia del Estado”.
Investigaciones
De otra parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Luis Vargas, señaló que “la definición criminológica que estableció la institución para homicidios colectivos corresponde a aquellos hechos en los cuales resultan muertos 4 o más personas, en estado de indefensión, en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores”.
“Esta variable la utiliza la Policía con el fin de identificar una dinámica criminal. En el Código Penal Colombiano no existe algún tipo de diferenciación conceptual en el homicidio de acuerdo con el número de víctimas”, dijo.
Agregó el general Vargas Valencia que “desde el año 2015 han ocurrido 93 casos que dejaron 449 víctimas. Y, desde el 1 de enero al 30 de octubre de 2020, han ocurrido 23 homicidios colectivos con 112 víctimas, en 9 departamentos y 22 municipios. La zona rural ha sido el escenario de mayor ocurrencia de estos hechos con 19 casos, es decir, el 82%. En cuanto a los homicidios colectivos en zonas urbanas se presenta una reducción de 3 casos respecto al mismo periodo de 2019 cuando se registraban 7 hechos con 48 víctimas, mientras que en este año van 4 casos”.
Explicó que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al concluir un consejo de seguridad en Arauca, el 22 de agosto del año en curso ordenó el despliegue de la “Unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos”.
“Como resultado, de los 23 casos se han logrado avances investigativos en 15 hechos, es decir, un 65,2%, a través de la estrategia de priorización y focalización orientada a la articulación de capacidades interinstitucionales”, indicó.
Reveló que “adicionalmente se han expedido 52 órdenes de captura, de las cuales 37 se han materializado, un 71%, demostrando efectividad en la capacidad investigativa de la Policía y la Fiscalía General”.
“De acuerdo con las investigaciones, por lo menos en 21 de los 23 casos, el 91%, ocurrieron en zonas con disputas territoriales por el control del narcotráfico, como quiera que los presuntos responsables son estructuras al margen de la ley dedicadas a este tipo de comportamientos: 9 casos habrían sido ejecutado por el GAO Clan del Golfo, Los Caparros, el Eln Compañía Jaime Toño Obando “Franco”; seis casos los GAOR Oliver Sinisterra, Jaime Martínez, Guerrillas Unidas de pacífico E-10 y E-30; tres actos de Grupos de Delincuencia Común Organizada, GDCO, La Agonía, Los Pájaros, Los Primos; dos por el grupo de delincuencia organizado Los Rastrojos; dos por intolerancia social en Llano Verde en Cali y en Buesaco en Nariño y uno por ajuste de cuentas en Mercaderes”.
Manifestó el oficial que de acuerdo con el desarrollo de las investigaciones “se presenta “multicausalidad de factores que han desencadenado en homicidios colectivos, como lo son las disputas por control territorial, rutas de narcotráfico vinculado a Grupos Armados Organizados, sin descartar que se han presentado otros casos por diferentes índoles, situación que evidencia la no existencia de sistematicidad frente a los homicidios colectivos”.
Explicó que “la Unidad Especial de Identificación, Judicialización y Localización de perpetradores de homicidios colectivos está integrada por fiscales y expertos de agencias de inteligencia, por investigadores expertos de homicidios de la Policía Nacional, expertos analistas y criminólogos del Centro de Análisis Criminal de la Policía y un componente especial de funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares”.
Además cuenta “con todas las herramientas tecnológicas y científicas, para la localización y judicialización de los criminales responsables de estos homicidios colectivos y la prioridad de esta Unidad investigativa es el esclarecimiento de los hechos y las capturas de los responsables de los crímenes”.