El próximo 31 de diciembre se cumple la mitad del periodo de los alcaldes en Colombia, y las tres ciudades principales del país no pasan su mejor momento en las relaciones entre sus mandatarios y sus respectivos concejos.

En Bogotá, la piedra en el zapato se llama el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta semana se cumplía el plazo para que el Concejo  debatiera y votara el POT; no obstante, se había advertido que el trámite no podrá finiquitarse debido a la más reciente recusación que se presentó contra el concejal de Cambio Radical Yefer Vega Bobadilla.

En su intervención en sesión plenaria, la concejal Ati Quigua expresó que “por tiempo no se va a tener la oportunidad de que se discutan todas las proposiciones, o sea que lo más responsable es votar negativamente para que esta iniciativa pueda venir el otro año y ojalá podamos construir un acuerdo de ciudad en torno a los temas estructurales”.

Diversos concejales de las bancadas de oposición, independientes e incluso de gobierno, manifestaron su voto negativo frente al POT y su postura de que este Plan no se apruebe por decreto, sino que en el 2022 la alcaldesa lo radique nuevamente ante el Concejo. Así, la voluntad expresada por la mayoría de cabildantes de la Comisión era la de negar el proyecto.

Asimismo, diferentes concejales se unieron a la "twitteratón" con el numeral “No al POT por decreto”, publicando trinos en los que solicitan a la alcaldesa López que no apruebe este documento mediante esta vía, porque de hacerlo estaría demostrando una actitud autoritaria, arbitraria e impositiva, en contra de la ciudadanía y de la voluntad de la corporación, lo que implicaría consecuencias negativas para Bogotá y una falta de respeto hacia la ciudad y los bogotanos.

El debate a fondo y las votaciones del POT en el Concejo se han visto truncados debido a los complejos procedimientos que deben adelantarse para resolver los numerosos impedimentos y recusaciones que se han presentado por parte de diversas fuentes, como el interpuesto contra el cabildante Yefer Vega.

De esta manera, el debate sobre el POT en el Concejo siguió sin presentar mayor avance, por lo que la alcaldesa Claudia López podría no hacerles caso a los concejales y sacarlo adelante por medio de un decreto o a “pupitrazo”.

Medellín

Una de las primeras decisiones polémicas de Daniel Quintero fue demandar a los constructores de la represa Hidroituango, pero sin informar a la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), lo que ocasionó la renuncia de todos sus integrantes, indignados por considerar que el alcalde se saltaba una histórica tradición de gobierno corporativo.

Al mismo tiempo, renunció la junta directiva de "Ruta N", la entidad pública encargada del emprendimiento y la innovación de la ciudad, bajo el pretexto de que no fueron tenidos en cuenta por el alcalde a la hora de elegir a su gerente.

La tempestad continuó cuando el alcalde declaró insubsistente a Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, que es considerada la joya de la corona en Medellín. Las críticas desde el concejo de la capital antioqueña no se hicieron esperar y el asunto llegó a una denuncia de Rendón a Quintero, ante la Fiscalía, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

Luego tuvo que defender la designación del nuevo gerente, Alejandro Calderón, porque supuestamente era familiar del alcalde y no había convalidado aún estudios en Harvard, hechos que tuvo que desmentir el mismo Quintero. A pesar de esto, fueron pocos los días que Calderón estuvo al frente de EPM, y él se fue después de advertir que su renuncia se daba en medio de divisiones políticas de la ciudad.

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La gerencia de la empresa pasó a manos de Jorge Andrés Carrillo y el Tribunal Administrativo de Antioquia avanza en una demanda interpuesta por el abogado Hernán Cadavid que pretende destituirlo.

Además, se recuerda el llamado “acuerdo de Chuscalito”, denominado así por Quintero y una reunión en la que, según él, se estaba cuadrando la Presidencia del Concejo.

A través de diversos mensajes en Twitter, así trinó Quintero: “A esta hora en salón privado del restaurante Chuscalito los 8 Concejales de Uribe reunidos con los Concejales de Fajardo y la coalición de la Esperanza: Daniel Carvalho, Daniel Duque cuadrando la Presidencia del Concejo”.

“La Alcaldía en el marco de la independencia del Concejo respetará la coalición del Centro Democrático y los concejales  Daniel Carvalho y Daniel Duque que han pactado entregar al uribismo la presidencia del Concejo. Siempre supimos que trabajaban para ellos”, reiteró.

“Concejales uribistas y fajardistas celebran acuerdo oscuro para avanzar en revocatoria, ser coalición en el concejo y continuar persecución a nuestra administración. Quieren devolver poder al GEA y garantizar que responsables de Hidroituango no paguen un peso”, mencionó.

Finalmente, contrario a los que supuestamente habrían pactado los concejales del uribismo, el Centro Democrático no se pudo quedar con la presidencia del Concejo de Medellín.

A pesar de esto, el Concejo sigue siendo contrario a Quintero; así se comprobó cuando por primera vez el cabildo hundió el presupuesto general para Medellín. Ante este hecho el alcalde apeló la decisión y solo hasta la semana pasada fue aprobado con una cifra histórica de 6,29 billones de pesos.

Cali

Los trabajadores sindicalizados de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) bloquearon la entrada a la Alcaldía como forma de rechazo al proyecto de acuerdo 130 para la creación de la Sociedad de Economía Mixta Cali Inteligente S.A.S, que se ocuparía de manejar el alumbrado público y la semaforización inteligente en la ciudad, y anunciaron que si el alcalde Jorge Iván Ospina no retira esa iniciativa del Concejo liderarán un proceso de revocatoria contra el mandatario.

Esta solicitud tuvo respuesta desde el cabildo, donde algunos concejales pidieron el archivo del proyecto, puesto que ellos consideran que esto lesiona económicamente a Emcali.

Vale recordar que en el año anterior, la administración hizo aprobar el Acuerdo 0489, que amplió el objeto social de Emcali, y que le permite desarrollar una ciudad inteligente; "pero ahora el alcalde se empecina en quitarle a esta empresa esa oportunidad de negocio y prefiere crearle competencia con un socio privado que escogerá a perpetuidad”, indicó Roberto Ortiz.

Mientras que otro concejal, Roberto Rodríguez, aseveró que “he expresado lo lesivo que puede ser este contrato y por supuesto la creación de esta compañía. Quieren iniciar con capital que proviene del alumbrado público de nuestra ciudad. Las Empresas Municipales de Cali son las que tienen que liderar este proyecto".

En respuesta a las consideraciones, el alcalde Ospina aseguró que desde hace 25 años el alumbrado público no lo gerencia Emcali sino un privado.