Con solo un cambio de fondo frente a lo que avaló la Comisión Primera de Cámara, la plenaria aprobó en cuarto debate la reforma política. El ajuste es que se suprimió el límite de tres períodos consecutivos en corporaciones públicas. Para segunda vuelta, a partir de marzo venidero, se espera un fuerte pulso sobre elementos que pasaron con gran controversia, como es quitarle a la Procuraduría la facultad de sancionar a funcionarios de elección popular. 

De igual manera, se eliminó la posibilidad que tienen hoy los partidos minoritarios de presentar listas en coalición a corporaciones públicas, con lo que tienen chance de ‘morder’ algunos escaños a las colectividades grandes.

También fue controversial suprimir la incompatibilidad de un año de los congresistas para ocupar cargos públicos. De esta manera se habilita una puerta giratoria porque al día siguiente quien renuncie podrá ser nombrado, por ejemplo, ministro.

La colectividad de oposición, el Centro Democrático, y la independiente Cambio Radical rechazaron esta disposición, pues consideran que el Legislativo pierde independencia debido a que se generaría una tentación a los parlamentarios por la posibilidad de entrar al Gobierno. 

El ministro de Interior, Alfonso Prada, defendió la medida señalando que “la representación de un congresista o una congresista en el Gobierno le da más peso político al Gobierno frente al Congreso”.

Se presentaron varias proposiciones para modificar o archivar estos artículos; sin embargo, fueron negadas por las mayorías que tiene la coalición gobiernista.

Otro de los puntos aprobados es que se redujo la edad mínima para aspirar al Senado de la República, de más de 30 años a más de 25 años. En contraste, se hundió el artículo que pretendía que desde más de 18 años de edad se pudiera aspirar a la Cámara.

En tanto que no tuvo eco una proposición para revivir el voto obligatorio que había sido aprobado en el tránsito de la reforma por el Senado, pero que fue revertido en la Comisión Primera de Cámara.

Las polémicas

La mayor polémica se dio por la disposición que retira a la Procuraduría las facultades de sancionar y destituir funcionarios de elección popular. 

Fue negada una proposición para suprimir el artículo, por 68 votos contra 44.

El representante Óscar Leonardo Villamizar (Centro Democrático) dijo que las bancadas mayoritarias y el Gobierno han querido “que se apruebe este artículo porque dicen que es el artículo de honor del presidente Petro. Es como se saca el clavo con una institución que en toda la historia de Colombia ha venido sancionando también funcionarios diferentes a Petro y que ha salvado el presupuesto de municipios, de departamentos”.

Dijo que los funcionarios de elección popular tienen cómo defenderse en los procesos en la Procuraduría, “pero no acaben con una institución que hoy le da garantía a los colombianos de que disciplinariamente los funcionarios atiendan su deber”.

Mientras que se ratificó en el cuarto debate la decisión de la Comisión Primera de Cámara de suprimir las coaliciones que actualmente permite la Constitución a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15 % de los votos válidos de la respectiva  circunscripción.

Parlamentarios de partidos minoritarios como Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) y Jennifer Pedraza (Centro Esperanza) presentaron una proposición buscando mantener esa disposición constitucional y, de esta manera, las colectividades lograr presencia en las corporaciones públicas. Sin embargo la proposición fue derrotada por 83 contra 66 votos.

La representante Pedraza dijo que “las garantías democráticas para las minorías deben ser siempre progresivas, es decir, que la Constitución no se puede modificar para quitarnos garantías democráticas como es lo que está ocurriendo en este momento con esta reforma política, sino que toda reforma debe ser para mejorar las garantías de participación política, especialmente para las minorías”.

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Añadió la legisladora que “esto es todo lo contrario a lo que prometió el Gobierno, que se presentó como el cambio, todo lo contrario a lo que le vendieron a la gente en las elecciones. Lo vamos a denunciar y lo vamos a tumbar en la Corte Constitucional”.

Así mismo, las listas cerradas son la nuez de la reforma política que presentó el Gobierno, pues considera que es la forma de fortalecer los partidos y combatir la corrupción electoral.

Al respecto se aprobaron listas únicas, cerradas y bloqueadas a partir del periodo que inicia el 2026. Además, serán paritarias, es decir, integradas por igual número de mujeres y hombres.

No obstante, se oyeron voces en contra, como la del representante Cristian Danilo Avendaño (Alianza Verde), quien dijo que las listas cerradas “permiten fortalecer la cultura política debido a que se votaría por ideales, se combate la compra de votos y demás, pero para que esto sea una realidad tendríamos que estar hablando de partidos altamente democráticos sin caudillismo, y a la fecha no los tenemos”.

Mientras que el representante Octavio Cardona León (Partido Liberal) dijo: “explíquenme por qué defendiendo el derecho a la igualdad, mientras los partidos tradicionales tienen que armar listas alternadas, universales, las comunidades indígenas no, los afros no”.

Añadió que “cómo es posible que nosotros estamos incentivando que las mujeres indígenas no tengan los mismos derechos, que las mujeres afro, raizales, palenqueras o rom tampoco los tengan. Cómo así que entre los afros puede haber una lista solo de hombres, entre indígenas también, entre comunidades sexualmente diversas también, pero los demás no”.

Artículos nuevos 

Se presentaron 41 proposiciones de artículos nuevos en la reforma política, frente a lo cual el coordinador ponente, Heráclito Landínez, dijo que su estudio no se alcanzaría esta semana. Por ello propuso conformar una mesa técnica con el Ministerio del Interior y los partidos para analizarlas y ver cómo se incluyen en segunda vuelta del proyecto en 2023.

En ese sentido, invitó a los autores de estas proposiciones a presentarlas como constancia. No obstante, dos de ellos, José Octavio Cardona (Partido Liberal) y Hernán Darío Cadavid (Centro Democrático), pidieron votarlas.

Cardona propuso que los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales mientras estén en el cargo, “no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, si lo hicieran perderán la investidura”. 

En tanto que Cadavid propuso cambiar la forma de elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral, de tal forma que se haga por medio de un concurso de méritos a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En la actualidad el Congreso elige los magistrados del Consejo Electoral, lo que en varias reformas políticas, no en esta, se ha buscado desmontar porque se considera inconveniente, pues estas personas vigilan los partidos y las elecciones.

También se aprobó

. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, los partidos deberán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas.

. Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos con personería jurídica o por movimientos y grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas con recursos 100% estatales.

. Se aprobó el transfuguismo para las elecciones territoriales del 2023, pues dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de la reforma política se autoriza, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.