Sin tregua social ni política, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha puesto sobre la mesa todas las opciones para reencauzar el país, entre ellas el adelanto de elecciones generales (ya no para 2024 sino para finales del próximo año) pero no ha encontrado el apoyo del Congreso, que inclusive someterá a censura al primer ministro, que lleva cuatro días en el cargo.

Con la declaratoria del estado de emergencia en todo Perú para enfrentar las protestas violentas de los “castillistas” que exigen en cierre del Parlamento, la renuncia de Boluarte y la excarcelación del destituido presidente, así como con incesantes contactos con los dirigentes de los partidos, la mandataria busca evitar una asonada nacional, como lo advirtió la Defensoría del Pueblo.

"Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (...), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas", anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, mientras que el premier Pedro Angulo, cuyo cargo está en juego por la moción del Congreso que le cuestiona por no contener la ira social, busca que el mismo avale el proceso que constitucionalmente se debe surtir para anticipar los comicios.

"Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes, conversando, éstos se pueden adelantar a diciembre del 2023", dijo la presidenta Boluarte, quien hace una semana cuando asumió la presidencia dijo que esperaba cumplir con el mandato hasta julio del 2026, cuando finalizaba la presidencia del hoy destituido y encarcelado preventivamente, Pedro Castillo.

Indicó que está en diálogo con el Consejo Electoral y lo hará con el Legislativo para intentar "acortar los plazos" porque sólo así podrá anunciar la convocatoria electoral. Entre tanto reiteró su llamado a la paz y el orden.

El principal reto es ver cómo lograr recortar esos plazos. Según la ley, las elecciones se convocan con 270 días de antelación. Entre las alternativas está adelantar la siguiente legislatura a enero de 2023 para ratificar, en segunda votación, la reforma constitucional que avale convocar estos ansiados comicios. Es por ello que la llave para dar un portazo a la crisis está en manos del Parlamento.

"Este gobierno será de transición para llamar a la calma, al diálogo y trabajar juntos", sostuvo la primera mujer presidenta en la historia de Perú y comprometida en superar la enésima crisis política que enfrenta este país, hoy militarizado para garantizar el orden público.

"Estamos en una crisis política y entendemos que se tiene que actuar rápidamente", dijo Luis Villanueva, presidente de la CGTP, principal sindicato de Perú, tras reunirse este martes en el Palacio Nacional con Boluarte, a quien le pidió que diera un paso al frente porque 2024 "es muy tarde".

Con la declaratoria de emergencia nacional, la Policía Nacional tendrá la colaboración de las otras Fuerzas Armadas para mantener el orden interno y el ministro de Defensa consideró que es una medida "contundente y de autoridad" ante las protestas, cada vez más violentas. 

Esa medida de excepción se estaba aplicando solo en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac, pero fue ampliada a todo el país, por el impacto que han tenido las manifestaciones. Actualmente ya hay cuatro aeropuertos de Perú -los de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac- que están cerrados, mientras la empresa PerúRail paralizó los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país, dejando atrapados a cientos de turistas, de lado y lado.

Fortalecida por el espaldarazo que le dio el Consejo de Estado de Perú -formado por representantes de todos los poderes del Estado-, Boluarte sigue los cauces constitucionales y evalúa todas las opciones para, en el inmediato plazo, aplacar el descontento ciudadano y en el mediano, sentar las bases para solucionar la grave crisis política.

A través de un comunicado, dicho órgano expresó su rechazo a los "actos y medios violento que ponen en peligro la vida e integridad física de peruanos", al tiempo que anticipó que el sistema judicial investigará estas protestas violentas por haber afectado tanto a la propiedad pública y privada, como por impedir "la adecuada prestación de los servicios públicos".

"Exhortamos a los ciudadanos a canalizar sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto promoverá el Poder Ejecutivo", sostuvieron los representantes de los Poderes del Estado.

En la línea, animó a la sociedad civil a un "diálogo político permanente con las autoridades públicas a través de espacios democráticos" a fin de alcanzar acuerdos que avancen hacia la normalización en la nación andina.

Finalmente, el Consejo de Estado lamentó la pérdida de vidas humanas en el marco de las protestas registradas durante los últimos días en varias de las regiones del país, una situación que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en los territorios más convulsos.

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Castillo sigue detenido

Entre tanto, la justicia peruana postergó hasta este jueves la audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe.

"Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08h30", dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo.

La fiscalía, que acusa a este maestro rural de izquierda de "rebelión" y "conspiración", busca mantenerlo en prisión preventiva un año y medio.

El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.

Castillo se negó a participar en la audiencia virtual

"¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia", tuiteó el expresidente.

"Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.

Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan sus simpatizantes desde hace varios días, reclamando su libertad.

Premier, al banquillo

La formación progresista Juntos por el Perú (JPP) anunció en el Congreso una moción de censura contra el primer ministro peruano, Pedro Angulo, debido a los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en las protestas que están teniendo lugar en el sur del país.

Las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque realizan la firmatón para presentar la moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros del país, que juramentó el cargo el sábado, por "el manejo deficiente de la crisis política que afronta el país", según ha detallado la emisora RPP.

"Las acciones realizadas por el Gobierno, cuya cabeza es el primer ministro Pedro Angulo, en nada han contribuido a la resolución del conflicto y, por el contrario, sus declaraciones y las medidas que viene adoptando su gabinete resultan peligrosos para el restablecimiento de la calma y paz social", esgrime el documento presentado por las congresistas.

Según Bazán y Luque, Angulo no ha llevado a cabo ninguna medida que solucione el problema de la "represión policial desproporcionada", alegando que las muertes registradas hasta el momento, así como el "abundante material que circula en diversos medios de comunicación", lo demuestran.

"Los hechos descritos deben alertarnos a tomar la presente medida para rechazar y deponer de su cargo político a quien ha permitido poner en riesgo la vida y salud de la población peruana", remachan las congresistas.

El primer ministro de Perú, que lleva en el cargo desde el sábado, reiteró que el gobierno de Boluarte busca el diálogo, enfrenta la crisis y que será de transición.  

Extraoficialmente se conoció que el Congreso estaría dispuesto a debatir este jueves la propuesta de la presidenta Boluarte para anticipar las elecciones a 2023, aunque se desconoce si hay consenso para la misma. Si no se calma pronto la indignación social la economía, que aunque parece resistente a la perenne crisis social, sentiría su impacto.

Con una inflación de 0.52% en noviembre, llegando a 6.7% en lo corrido del año hasta ese mes y un crecimiento del PIB de 1.66% en septiembre, representando una expansión del 2,90% en los primeros nueve meses de este 2002, Perú es de los sudamericanos uno de los que más crece y evidencia buen manejo económico. /Redacción internacional con agencias.