DESPUÉS DE que se culminara el periodo de inscripciones de las listas para las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó un informe denominado “Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción” donde reveló que, al menos, 108 candidatos tienen cuestionamientos judiciales.
Según el documento, 50 aspirantes al Senado y 58 de Cámara cuentan con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, así como vínculos con presuntos hechos de corrupción, o los efectos de pertenecer a clanes políticos o tuvieron nexos con grupos armados ilegales.
“A pesar de que este parece un porcentaje muy bajo, en comparación con el total de candidatos, estos cuestionadas y cuestionados son los que mayores probabilidades tienen de quedar elegidos”, menciona el texto.
Además, el instituto reveló que, en algunos casos, “se trata de la reelección de aquellas personas que han sido señaladas en elecciones anteriores y que permanecen en su curul, a pesar de las sendas investigaciones que tienen en órganos judiciales y de control. En otros casos, se trata de personas herederas de clanes políticos y de estructuras asociadas con graves escándalos de corrupción; e incluso, se cuentan también diversos candidatos y candidatas que tienen investigaciones propias en su contra a nivel judicial, disciplinario y fiscal”.
De igual forma, Pares menciona que de los 108 candidatos al Senado y la Cámara, 39 cuentan con investigaciones judiciales, disciplinarias y/o fiscales, 22 son provenientes de la parapolítica, 16 son vinculados por presuntos hechos de corrupción, 17 son herederos o herederas de clanes políticos, de los cuales siete provienen de casas políticas, cinco tienen presuntos nexos con grupos armados organizados y dos heredaron caudales políticos derivados de los escándalos de Odebrecht o el 'Cartel de la Toga'.
Partidos políticos
Los 108 candidatos y candidatas con cuestionamientos se encuentran avalados en siete partidos con listas propias, seis coaliciones (dos en Senado y cuatro en Cámara de Representantes), dos movimientos por firmas y un consejo comunitario.
Frente a los partidos o movimientos políticos, la lista la encabeza el Partido Conservador con 23 candidaturas, seguido del Partido Liberal con 20, luego aparecen Cambio Radical (19), Partido de la U (16) y Centro Democrático (14), quienes concentran el 85% de los aspirantes que tienen investigaciones previas y pueden participar en las próximas elecciones.
“En comparación con los informes de 2014 y 2018, los partidos Cambio Radical, La U, Liberal y Conservador repiten en esta lista; mientras que es la primera vez que el partido Centro Democrático aparece con una concentración tan alta”, agregó.
Por el lado de las coaliciones, Pares encontró que el listado de Senado por la Coalición Centro Esperanza posee dos aspirantes investigados, mientras que el Pacto Histórico cuenta con un caso en Senado y siete en Cámara.
En cuanto a la distribución territorial, la organización sin ánimo de lucro reveló que el departamento de Córdoba concentra la mayor cantidad de candidatos cuestionados con siete casos, seguido de Santander (seis), Antioquia (cinco), Bolívar (cuatro), Magdalena (cuatro) y Tolima (cuatro), así como una circunscripción afrocolombiana.
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Comparativa
En el informe, la Fundación Paz y Reconciliación también hace un análisis sobre los candidatos que fueron inscritos en las listas congresionales del periodo 2014 y 2018.
Según la organización, fueron 131 candidatos en las elecciones a Congreso del 2014, mientas que en el siguiente periodo fueron 70 candidaturas que entraron a participar en los comicios. Es decir, que frente a este periodo, incrementaron 38 casos donde los partidos y movimientos incluyen en sus listas a figuras políticas que tienen indicios de líos judiciales.
“De estas 201 candidaturas, en 2014 resultaron elegidos 70 congresistas cuestionados; mientras que en 2018 resultaron elegidos 68. Se trata de una cifra que no varía significativamente en el tiempo y que, para las elecciones de 2022, no parece tener mejoría”, resaltaron.
Cabe mencionar que el plazo para realizar modificaciones a las listas congresionales se extendió hasta el próximo 20 de diciembre; la Registraduría indicó que se pueden realizar, siempre y cuando sean procedentes por muerte o incapacidad física permanente del candidato, así como la renuncia a la candidatura o falta de aceptación de la misma.