Una multa por $295 mil millones impuso la Superintendencia de Industria y Comecio (SIC) por la existencia de un acuerdo anticompetivito que permitió la adjudicación del contrato “Ruta del Sol Tramo 2', en una primera fase.
La entidad determinó que hubo pagos irregulares, que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo cual "les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto".
Esta millonaria sanción recae en la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Participaciones e Investimentos S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), Estudios y Proyectos del Sol SAS (Episol); Concesionaria Ruta del Sol SAS en Liquidación (Concesionaria) y Gabriel Ignacio García Morales.
Además, se sancionó a cuatro personas naturales, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica.
Se trata de José Elías Melo Acosta, Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Yezid Arocha, quienes deberán pagar $393.991.455, $1.755.603.135, $1.228.975.605, $ 185.521.470, respectivamente por estos hechos.
La multa deberá ser pagada en su totalidad de la siguiente manera:
Fuente SIC
El caso
La investigación, adelantada por la Delegatura para la Protección a la Competencia de la SIC, contó con la colaboración del exministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, en calidad de delator, quien confesó y señaló conductas violatorias del régimen de libre competencia económica durante la estructuración, adjudicación y ejecución de la Ruta del Sol II.
La investigación pudo corroborar y apoyarse en los actos de corrupción reconocidos por Odebrecht en el Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) celebrado el 21 de diciembre de 2016 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos), que se desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países.
Por tal razón, se creó una “División de Operaciones Estructuradas” como un departamento de soborno independiente, que reportaba sus actividades ilícitas a los más altos niveles directivos de esa empresa para obtener autorización para el pago de coimas a través de una compleja red de empresas fantasmas, transacciones fuera de los libros de contabilidad y cuentas bancarias en el exterior.
La Superindustria aseguró que "encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre Odebrecht, Corficolombiana y Episol, a través del cual, en una primera fase, idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, en favor de la Concesionaria y, en una segunda fase, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos".
Además, la entidad encontró que, desde el primero de agosto de 2010 hasta el 10 de noviembre de 2017, los gerentes de CONSOL así como el 'controller' de la concesionaria, identificaron pagos irregulares que carecían de soporte o justificación, tanto en una fase inicial por pagos relacionados con “estudios adicionales” en la preparación de la oferta —DCS MANAGEMENT—, o posteriormente a la adjudicación con obras que no estaban asociadas con la ejecución del proyecto. Dichos pagos irregulares fueron puestos en conocimiento de José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana para esa esa época.
Cabe mencionar que a varios investigados se les archivó el proceso en este caso de corrupción por falta de evidencia en su contra entre los que se encuentra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y al Grupo Aval.