Un informe al Congreso deberá presentar el Presidente de la República en caso de que vaya a utilizar las facultades que le otorga el acto legislativo para la paz, precisando en qué las va a usar.
Así quedó establecido dentro de las modificaciones que hizo ayer la Comisión Primera de la Cámara al aprobar la reforma constitucional.
El representante por Caldas, Hernán Penagos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), aseguró que “el proyecto tiene algunas modificaciones de redacción, algunas de ellas quieren aclarar en los actos legislativos y proyectos que van a tramitarse por la comunicación que sean exclusivamente tendientes a facilitar y garantizar los acuerdos de paz”.
Lo que se quiere con esa aclaración es que en el futuro se puedan aprobar otro tipo de proyectos, dijo Penagos, agregando que “también queremos que quede muy claro que cuando el presidente haga ejercicio de sus facultades, deberá pasar un informe al Congreso. Pero además de eso si va a ampliar las facultades por 90 días deberá expresar previamente las razones”.
El representante por Cundinamarca, Jorge Rozo, de Cambio Radical, manifestó que se dejaron algunas constancias que se van a tratar en la plenaria de la Cámara con más profundidad y detenimiento.
“Nosotros no estuvimos de acuerdo con que en los siguientes 20 años se tenga que dejar unas partidas específicas en el plan plurianual de inversiones. Creemos que eso es potestad del Gobierno nacional cuando arme su presupuesto de cada año”, dijo Rozo, dando cuenta de uno de los puntos que generó más polémica en la discusión ayer, ya que según los legisladores de Cambio Radical, eso le generaría un chaleco de fuerza al Presidente.
Sobre este tema, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “estoy de acuerdo con que el texto hay que mejorarlo. Y que la redacción hay que mejorarla. Y nos tendremos que sentar. Y así se lo hemos manifestado a quienes han impulsado la iniciativa en el Senado. Y nos tendremos que sentar con el Ministro de Hacienda. Este es un artículo que tendrá que ser reformado para evitar que sea una camisa de fuerza al Estado colombiano”.
Con todo, al final el jefe de cartera de la política pidió votar el artículo como venía en la ponencia.
El representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, señaló que “conseguí las limitantes: que estas facultades solo se puedan utilizar en proyectos que tengan como destinación específica la paz. Y esa será la obligación de la Corte Constitucional: verificar si lo que se le somete a su consideración tenía como objetivo la paz”.
El representante por Caquetá, Harry González, del Partido Liberal, destacó el debate y la polémica se suscitó en tres aspectos como la conveniencia de que la comisión especial la conformen, además de los miembros de las comisiones de primeras de Senado y Cámara, 12 congresistas más.
“Se dejaron varias constancias en el sentido de que lo pertinente es que la comisión funcione solo con los integrantes de las comisiones” primeras, precisó, anotando que hubo una amplia discusión sobre las facultades al Presidente, para que se tenga una limitación por 90 días o que se mantenga por 6 meses, como está en la Constitución.
González agregó que la Comisión determinó apoyar el plan de inversiones para la paz, porque “con ello se garantiza el desarrollo de las zonas afectadas para la paz”.
Al término de la discusión, la representante por Bogotá, Clara Rojas, también del Partido Liberal, propuso la creación de una circunscripción especial para las víctimas y ese artículo nuevo quedó como constancia.
Santos y la refrendación
Mientras el Congreso debatía, en la Casa de Nariño, durante la posesión de Rafael Pardo como ministro consejero de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que “todos los países que han dejado mucho tiempo entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que comienza la implementación de los acuerdos, han tenido serios problemas” y que “por eso acortar los términos es tan importante, y ahí lo que estamos haciendo en el Congreso. El proyecto de acto legislativo que el Congreso tiene en sus manos en este momento en la Cámara de Representantes, lo único que busca es eso, es acortar los tiempos para que las leyes y todas las decisiones que tienen que tomarse para poder iniciar la implementación de los acuerdos se haga a la mayor brevedad posible, y ese es el propósito de este proyecto de acto legislativo, no es ninguno otro”.
Pero enseguida planteó que el plebiscito “no es nada diferente al cumplimiento de un compromiso que yo asumí hace cinco años cuando iniciamos el proceso. Compromiso que no tenía que asumir, que no estaba obligado a hacerlo. Simplemente pensé que era un acto de responsabilidad con el país, que daba confianza al proceso: que lo que se acuerde se sometiera a algún tipo de refrendación”.
Tras precisar que “nunca me he bajado de ese compromiso”, el presidente Santos manifestó que “nunca se había decidido cuál era el mejor tipo de refrendación. Se discutieron todos y se fueron descartando uno por uno”.
Santos observó que “lo que la guerrilla pretendía desde el comienzo, que la refrendación se hiciera a través de una asamblea constituyente. Eso lo tenemos totalmente descartado. Eso no es una refrendación, eso es una renegociación de todo lo que se hizo. Una constituyente inmediatamente lo que puede hacer es olvidamos de lo que se hizo y comenzamos borrón y cuenta nueva. Esa no es ninguna refrendación”.
Para Santos, “el acuerdo de paz es un paquete, un paquete que tiene cosas buenas y cosas menos buenas. Pero que el pueblo colombiano tendrá la oportunidad de sopesar: esta es la paz, este es el precio para llegar a esa paz, y estos serán los beneficios de esa paz. Y por el otro lado, este es el precio de mantener las cosas como están: continuar la guerra 20 o 30 años más. Y el pueblo escoja: compra la paz o seguimos en guerra. Así de sencillo”.