Una investigación para establecer la conducta del abogado Víctor Pacheco y demás profesionales del derecho que puedan estar involucrados en el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional ordenó el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de3 la Judicatura, Néstor Osuna Patiño.

A través de un comunicado, la corporación señaló que“la primera instancia de dicho proceso deberá surtirse ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, al que le fueron dadas las instrucciones pertinentes de modo que se aclaren las presuntas irregularidades que puedan haber ocurrido en el trámite de selección y revisión de una acción de tutela en la Corte Constitucional en un proceso de Fidupetrol contra la Corte Suprema de Justicia”.

Esta tutela pretendía tumbar un fallo que condenó a Fidupetrol a pagar más de 22 mil millones de pesos, por considerar que esta empresa era responsable patrimonialmente del descalabro que sufrió la Gobernación de Casanare tras los incumplimientos en un contrato firmado por la Unión Temporal Carbones Likuen. Posterior al fallo, la compañía instauró la acción para reversar la sentencia de la Corte.

La denuncia

En concreto, la denuncia fue interpuesta por el magistrado Mauricio González Cuervo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumentando que “se trata de hechos graves que pueden llegar a comprometer aún más la confianza ciudadana en la Administración de Justicia, idealmente fundada en la integridad de sus jueces, y con mayor exigencia en la insospechable probidad de los magistrados que integramos los órganos límite de la jurisdicción”.

Esta acción, que fue revelada por Caracol Radio dice que “los hechos relevantes comunicados por el doctor Víctor Pacheco a los magistrados de la Corte, de los que fui enterado el 3 de febrero pasado por el doctor Luis Ernesto Vargas, son los siguientes: (i) que el doctor Pretelt lo citó en su apartamento el pasado año para hablarle de un proceso de tutela instaurado por una entidad particular contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia; (ii) que le habló de la posibilidad de lograr una decisión favorable a la entidad accionante al haber sido repartida la ponencia al suscrito; (iii) que para lo anterior pidió la suma exorbitante de quinientos millones de pesos supuestamente solicitados por el magistrado ponente; (iv) que ante su incredulidad, el doctor Pretelt se habría expresado que el magistrado ponente era amigo suyo y que solo él podía ‘hablarle al oído’ de tales temas”.

La defensa

Ante esta denuncia, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, manifestó que en diálogo con la misma cadena radial que él no escogió la tutela ni la seleccionó. Según él fue elegida en una sala en conjunto por los magistrados Jorge Iván Palacio y Alberto Rojas Ríos.

“Además el magistrado Mauricio González no me denunció, solo puso en conocimiento unos hechos. Esa tutela requería la selección de los dos magistrados y no necesitó insistencia para ser seleccionada. Jamás hablé  con el Dr. Mauricio González para intervenir en ese proceso  y cuando llegó a la Sala Plena todos votamos a favor de la ponencia del Dr. González, es decir, en contra de los intereses  de Fidupetrol y del abogado Víctor Pacheco”, dijo.

Sobre su amistad con el abogado Pacheco, Pretelt dijo que “sí es cierto que conozco a Víctor Pacheco, él ha ido en tres oportunidades a la Corte, a mi despacho y lo sé porque tengo el registro de sus entradas. Incluso ha hecho 40 visitas a las otras Cortes.  Lo he recibido tres veces, pero jamás para hablar de asuntos que tengo en mi despacho y he coincidido con él en asunto sociales”.

Agregó que él jamás pidió ni recibió los 500 millones en mención, y dijo que es necesario citar al abogado Pacheco y a la junta directiva de Fidupetrol para aclarar esta situación al país en un plazo máximo de tres días.

Investigación a fondo

Desde España el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con W Radio dijo que espera que por el bien de la justicia se llegue al fondo de este asunto y que “a nadie le conviene que esto quede como quien dice ‘a la mitad del camino’”.

El jefe de Estado agregó que “aquí en este proceso nuevamente tenemos que ser creativos (…) las formas de aplicar justicia para el proceso, pues no necesariamente están directamente vinculadas al funcionamiento de nuestras Cortes”.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Néstor Martínez dijo en Blu Radio que en su condición de abogado ha escuchado rumores de que en la Corte Constitucional cobran para favorecer tutelas, “pero que ante eso la decisión del tribunal ha sido seleccionar las acciones donde se afectan derechos fundamentales, pero no intervenir en intereses de tipo privado”.

Comisión de Acusaciones

Más allá de todo el cruce de acusaciones que agitaron la opinión pública, algunos sectores ya empezaron a hablar de la inoperancia de la Comisión de Acusaciones.

En ese sentido se pronunció el expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, en La FM quien dijo que “desafortunadamente estos altos servidores del Estado no tienen investigador, porque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es más o menos igual que nada. Aquí lo que se tiene que hacer es un control social”.

Por otra parte, el senador Armando Benedetti manifestó a través de su cuenta en tuiter que  “Ojalá el Magistrado Pretelt logre demostrar su inocencia. Pero, lo que queda claro, es que los máximos jueces no tienen juez”.

“Insisto en que el caso del magistrado Pretelt nos demuestra la necesidad de la creación de un Tribunal de Aforados con dientes, que realmente funcione”, agregó el congresista.