El Nuevo Siglo se distingue, ahora, por la publicación de informes novedosos. Uno de ellos se publicó el sábado 8 de abril pasado y vale la pena resumirlo y comentarlo. Se titula "¿Cómo van las elecciones regionales a seis meses de ir a las urnas?” Desarrolla seis temas significativos y trae datos que estoy seguro no son bien conocidos por los colombianos. Aunque el periódico no hizo la suma de los cargos que se van a proveer por la vía electoral, ésta da 20.137. Es un número bien apreciable. Muestra la complejidad administrativa y política del país. 32 gobernadores, 1.102 alcaldes; 418 diputados, 12.072 concejales y miles de ediles. Cifras que serían suficientes para darse cuenta de todo lo que está implícito en este proceso electoral y de los billones de pesos que se están jugando.
Por eso vale la pena preguntar ¿cómo es la financiación de estas campañas electorales? ¿Cuántos son los aspirantes a estas 1.102 Alcaldías, entre ellas, 32 capitales? Cada día son cargos más deseables por los enormes presupuestos que manejan, por las decisiones claves sobre temas que igual enriquecen o empobrecen, por la incidencia que tienen en la generación de empleo, la promoción de una educación de buena calidad, los programas de alimentación para los niños (contratos multimillonarios que en un buen número han resultado una estafa), promoción de la salud, protección del medio ambiente, etc.
Son los gobiernos realmente territoriales. De gran importancia en todas partes del mundo. De gran alcance desde la Constitución de 1991 y, desde entonces, provistos de importantes recursos financieros y de capacidad de endeudamiento.
Valdría la pena que se presentara un informe sobre el número de alcaldes que han sido sancionados por parte de la Procuraduría General de la Nación y procesados y judicializados por la Fiscalía. Es un tema muy preocupante. Así como el de aquellos alcaldes que van a la cárcel y, más adelante, vuelven a ser elegidos.
Consideraciones similares se pueden hacer sobre los gobernadores, otro tema de gran preocupación. Y lo que ocurre con diputados, concejales y ediles, pese a que a ellos también se les aplica la pérdida de investidura no es objeto ni siquiera de mínima atención por parte de los medios de comunicación o de la ciudadanía. Algo se estaba haciendo al respecto en la Universidad EAFIT referente a la Asamblea Departamental de Antioquia.
Alguna vez leí que el número de aspirantes a estos cargos de elección había sido de 127.000. Imagino que ahora son muchísimos más. Y se habla de que ya volvimos a un número muy alto de partidos políticos, 33; y que existen más de 1.053 comités ciudadanos recogiendo firmas, o sea que haciendo la tarea que en esencia corresponde a los partidos. Algunos podrían declararse satisfechos por lo que todo esto representa como una democracia militante, activa, viva. Pero es justo preguntarse si esto responde a una buena organización política o, más bien, a un desorden preocupante.
Es por ello que la organización electoral en Colombia es tan compleja, tan burocrática y se presta a tanta desconfianza. Hace 40 años o más, invitado por el gobierno británico, visité la Organización Nacional de ese gran país y también la municipal y la de sus partidos políticos. Me asombró la simplicidad de sus entes gubernamentales, la meticulosidad de los partidos políticos y la eficacia de todo el proceso. A ellos les asombró la mínima descripción que hice de nuestra organización electoral. Miles de funcionarios, miles de supernumerarios, enorme presupuesto etc.
Creo que una situación como esta se presta a una financiación ilegal que distorsiona todo el proceso, obstaculiza la formulación de políticas públicas, su implementación y evaluación si es que ésta alguna vez se hace. Gravísimo. Perverso. Antidemocrático. Indeseable. Y no veo cómo los partidos políticos pueden apersonarse de este proceso.
El Nuevo Siglo informa que el 4 de Julio habrá 24 consultas interpartidistas. El costo oficial es enorme. Y el ilegal y clandestino puede ser superior. Ahí reside buena parte de la crisis de la democracia colombiana.