En el año que termina se fueron muchas cosas, familiares y amigos que fallecieron, momentos dolorosos y gratos, esfuerzos importantes, Colombia se clasificó al mundial de fútbol de Rusia, la visita del Papa resultó bien, que las Farc hayan pasado de organización guerrillera a partido político es logro importante, hubo corrupción, nos defendimos como pudimos frente a las consecuencias de la reforma tributaria, existió solidaridad ante catástrofes naturales, continuamos equivocadamente en el Tribunal de la Haya respondiendo demandas de Nicaragua y se nos fue la Constitución de 1991.
La Carta ya no rige para todos de igual manera, se aplica parcialmente a los indígenas, las normas varían en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, no se relacionan con los guerrilleros amnistiados, priva la tesis de que los acuerdos de Paz son bloque y forman parte inherente de ella. Para reformarla, gracias al aval de la Corte Suprema, se ha surtido un proceso de deterioro institucional y el rompimiento del principio de separación de las ramas del poder por la vía rápida, el fast track.
Mediante este mecanismo casi desaparecen del escudo de Colombia las palabras Libertad y Orden. Hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y algunos jueces, amparados en la definición de tutelas, imparten órdenes al Congreso respecto del quorum y el resultado de las votaciones de actos legislativos. Las penas por la comisión de delitos dependen de la condición de cada investigado y del alcance incriminatorio de sus confesiones. La protección y defensa de los derechos humanos es inequitativa. El señor presidente de la República tiene su propia interpretación de la Constitución según convenga al gobierno, la justicia especial choca con la ordinaria, la imagen de los magistrados es de deterioro por sindicaciones de actos de corrupción endilgadas a tres de sus compañeros. Es inmoral que los derechos y deberes fundamentales no sean los mismos. ¿Si esto ocurre, cómo hablar de Estado Social de Derecho y de autoridad?
El presidente Rafael Núñez, desde un balcón, notificó al país que la Constitución de 1863 había dejado de existir. En nuestro tiempo no se requiere hacerlo porque la de 1991 es historia. Urge un esfuerzo extraordinario para ordenar la institucionalidad. La diferencia de criterios puede persistir respecto del debate político pero con base en una Constitución no parcelada que cuente con el respaldo del pueblo directamente o por medio de sus representantes.
En el 2018 elegiremos nuevo gobierno y parlamentarios, no perdemos la esperanza de resolver problemas y de convivir mejor. Vayan mis deseos porque el futuro sea próspero para mis compatriotas y sus familias. Despido el 2017 y la Constitución.