La emergencia generada por la pandemia denominada Coronavirus o Covid-19 es quizá la mayor en muchos años, con grave riesgo para la vida y la salud de millones de personas en Colombia y en el mundo, y ha puesto a prueba la eficiencia y la capacidad de los gobiernos, tanto en el campo sanitario como en el plano económico. Mientras en China -en donde tuvo su origen- la crisis parece superada, algunos gobiernos europeos se confiaron, y la situación terminó por salirse de su control, con las nefastas consecuencias que aún padecen.
La amenaza es grave y, aunque superable, no sabemos cuántas víctimas deje. El aislamiento, el alejamiento entre unos y otros -–en mutua protección-; las restricciones sobre viajes, eventos, actividad académica o ceremonias religiosas; los cambios en costumbres sociales inveteradas…son, sin duda indispensables.
Conductas como la de trabajar o estudiar fuera de los lugares a los que se acude regularmente, sustituyendo lo presencial por lo virtual, han resultado de la mayor importancia, y deben tomarse con toda responsabilidad y compromiso. No se trata de un juego, de una lejana posibilidad de contagio, ni de una injustificada búsqueda de vacaciones o descanso –lo que llamábamos en la Universidad, un pretexto para “capar clase” o para no laborar- , sino de una realidad y de un deber social. La pandemia va en serio y muy rápido. Se extiende a gran velocidad, como lo hemos visto en estos días, y está de por medio nada menos que la vida. Todos estamos en riesgo, en especial las personas de la tercera edad y las que tienen problemas respiratorios o presentan síntomas de asma o gripa.
Desde luego, el pánico no es aconsejable, pero sí lo es la responsabilidad personal, familiar, empresarial e institucional. Y se debe aplicar el principio constitucional de solidaridad.
Es necesario adoptar las medidas y cuidados que han indicado las autoridades de salud. Además del permanente baño de manos, es necesario evitar al máximo el contacto físico personal; las reuniones multitudinarias; las aglomeraciones.
El Consejo Superior de la Judicatura ha suspendido, con algunas pocas excepciones, los términos judiciales. Colegios, escuelas y universidades deben suspender las clases presenciales de pregrado y postgrado -es lo correcto- y acudir a los medios que ofrece la tecnología. Las iglesias deben contribuir, suspendiendo los oficios que impliquen concentraciones masivas. Las administraciones locales regular el transporte público para evitar el contagio por aglomeración.
Ahora bien, aunque muchas decisiones han debido ser tomadas mucho antes, ya el Gobierno ha adoptado medidas muy importantes, pero es necesario que se adopten otras. Por ejemplo, impedir la llegada de vuelos provenientes de los países en donde se ha extendido más el Coronavirus. Y un llamado especial: el Ejecutivo debe coordinar con las autoridades venezolanas que ejercen el poder efectivo, para controlar la expansión del virus en la zona fronteriza. La situación allí puede tornarse muy grave, y el cierre de frontera sin acuerdo con Venezuela por razones políticas -con ingreso ilegal de personas por las trochas- es muy peligroso y sobre él no hay control. Y, aunque nuestro presidente insista en eso, Juan Guaidó no puede hacer nada al respecto.