Hoy se cumplen 1.562 días desde que la Corte Suprema de Justicia condenó a Andrés Felipe Arias a 17 años y 4 meses por dos delitos que no cometió. Su solicitud de asilo político sigue a paso lento, y la posibilidad de una segunda instancia ha sido negada por la justicia colombiana.

Respecto al delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, Arias demostró que los tres convenios que firmó entre la Cooperación para la Agricultura (IICA) de la OEA, y el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) eran iguales a 132 convenios que venía firmado el ministerio desde 1993. Los convenios eran de ciencia y tecnología en riego y drenaje.

Algunos particulares dividieron sus tierras, y fingieron arrendatarios pues de esa manera accedían a más subsidios. Fueron ocho casos de trampa.  Al final, los delincuentes devolvieron el dinero otorgado al Estado, y solo algunos fueron condenados penalmente.

En el segundo delito, peculado a favor de terceros, no existe; los beneficiarios fueron miles de colombianos que efectivamente tienen hoy riego.

Jamás se encontraron pruebas de favorecimiento político por la entrega de los subsidios. De los 380.000 beneficiados de AIS menos de 50 tuvieron alguna relación con la campaña de Uribe. De igual manera, era el ICCA el encargado de seleccionar y asignar las ayudas económicas. Los expertos de esta organización declararon en juicio que Arias no intervino en las adjudicaciones.

Los órganos judiciales también declararon en favor de Arias. Primero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció que fueron unos agricultores particulares quienes se aprovecharon de los subsidios de AIS y no al contrario. Segundo, la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema que declarara a Arias inocente dado que no hubo desviación de recursos oficiales en su propio beneficio.

La Corte Suprema de Justicia, junto con la Fiscalía, hizo caso omiso a la evidencia y afirmaron que no se podían exigir pruebas del supuesto plan criminal, porque en estos casos no quedaban testigos ni documentos para comprobarlo. Esto quiere decir que Arias fue declarado culpable por sospecha.

Andrés Felipe Arias fue condenado por parte de la Corte Suprema de Justicia en julio del 2014. En mayo de 2015, Estados Unidos le concedió la condición de asilo temporal. En 2017 por presión del gobierno Santos, un juez estadounidense decidió atender la solicitud de extradición y lo capturaron.

Hoy Arias cumple 392 días de estar recluido en una cárcel de los Estados Unidos, que sumados a los más de 600 días que estuvo en el Cantón Norte en Bogotá del 2011 al 2013, suman más de tres años privado de su libertad de manera injusta.

A Arias se le ha negado por tres veces el Habeas Corpus y la libertad bajo fianza en la cárcel federal de Florida, y se encuentra a la espera de dos fallos. El primero, sobre el congelamiento de la extradición, y el segundo, por apelación. El asilo político dependerá de estas respuestas.

Arias no está pidiendo que lo indulten, está exigiendo que se le juzgue en una segunda instancia. En 2016 la Corte Constitucional dispuso la segunda instancia para todos los colombianos, e incluso el acto legislativo 01 de 2018 ratificó que todas las personas en Colombia tienen derecho a impugnar una condena.

La evidencia es clara. Existen pruebas que deben ser tomadas en consideración por una segunda instancia. Mientras no se revise, el asilo político es un mecanismo legal al que tiene derecho.