Dos años después de su creación la JEP no logra desvanecer los pecados capitales que acompañaron su creación, a pesar del apoyo sistemático de la mayoría de los medios de comunicación y del activismo de la izquierda y de su cohorte de autodenominados amigos de la paz. En estos veinticuatro meses no ha superado sus pecados originales, sino que por el contrario se ha visto tempranamente afectada por rencillas entre sus magistrados siempre teñidas de afanes y apetitos burocráticos. Sus primeras actuaciones confirmaron la militancia ideológica de la mayoría de sus magistrados, y se vieron engalanadas de vergonzosas decisiones como las que favorecieron descaradamente al delincuente de Santrich, sorprendido en actividades de narcotráfico que siempre fueron su especialidad e instrumento preferido de guerra.
La sospecha de que se trata de una institución para favorecer a la dirigencia de las Farc y condenar a quienes legítimamente los combatieron, en vez de despejarse parece confirmarse con las primeras comparecencias de los implicados. No hay simetría. Mientras a los comandantes subversivos les reciben declaraciones colectivas a puerta cerrada, a los altos oficiales de la Fuerza Pública se les atiende en sesiones públicas que tienen más de espectáculo que de audiencias judiciales respetuosas de la presunción de inocencia.
Las declaraciones de los primeros pertenecen a la reserva del sumario, mientras que las de los otros sirven de carnada a una oposición activista y combativa. Los jefes de las Farc no temen penas porque en el peor de los casos sólo se les impondría sanción de restricción de la libertad, compatible hasta con la función de Congresista. Los militares y terceros que comparezcan solo tendrían las sanciones restrictivas de la libertad, si la verdad ofrecida constituye delación de hechos reales o supuestos para desembarazarse de las penas ya impuestas por la jurisdicción ordinaria. Asoman la impunidad y una sugerida verdad, sin que ninguna de ellas se pueda llamar justicia.
Si se hiciera hoy un primer balance a la JEP no sería positivo. No solamente porque en dos años no se ha dilucidado ninguno de los macro casos que se han iniciado, sino también porque persiste la percepción de justicia parcializada que la acompaña desde su origen, y que se colige del interés de priorizar los temas de paramilitares y terceros antes que acompasarlos con los referidos a secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado, delitos sexuales y situación de secuestrados, o militares de los que se ignora sus suerte, o desertores de las Farc, que son todos hoy verdaderos desaparecidos.
La JEP tiene el inmenso reto de aportar verdad, sin la que no habrá reconciliación ni reparación. Sin ella, no habrá paz para las víctimas. Debe mostrar voluntad e imparcialidad, porque la percepción de la ciudadanía sobre ella y el tiempo le son adversos.