Los culebreros que visitaban nuestros pueblos en los días de fiesta y en torno a los cuales se arremolinaban los curiosos, siempre ofrecían tres piezas infaltables en su repertorio: culebras amaestradas, filtros de amor, y el bálsamo de Fierabrás con el cual se podía curar cualquier mal del cuerpo o del alma.

La creencia en las bondades curativas de este bálsamo hunde sus raíces antiquísimas desde la misma tradición de la edad media. Don Quijote, por ejemplo, le aconsejaba a su escudero Sancho que no dejara de llevarlo siempre consigo, pues si “en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, solo será preciso juntar cuidadosamente las dos mitades antes que la sangre se yele (se coagule) y me darás de beber solo dos tragos del bálsamo y verasme quedar más sano que una manzana.”

Pues bien: el gobierno Petro tiene también su propio bálsamo de Fierabrás: se llama la “estatización”. Que es buena para todo y es la solución recomendable para cualquier contratiempo que se presente, según se deduce del reiterado discurso del presidente y sus colaboradores.

Veamos dos ejemplos recientes.

Como la carretera al Llano ha presentado graves inconvenientes entonces la fórmula para aliviar sus males es la “nacionalización de la vía” en la que se está pensando, como informó el presidente la semana pasada.

Nacionalizar la carretera de Bogotá a Villavicencio es un nombre eufemístico para la “estatización” de la vía, consistente en dar por terminado anticipadamente para efectos liquidatarios el contrato de concesión que hoy cubre jurídicamente la explotación de esta importante carretera. Naturalmente el solo anuncio de que se estaba pensando en nacionalizarla despertó entusiastas aplausos entre la eufórica concurrencia que escuchaba al presidente. Se había aparecido el nuevo Fierabrás para curar los males carreteros de Colombia.

Ni el presidente ni su entusiasta audiencia parecieron percatarse que la liquidación anticipada de una concesión de tan señalada importancia y grandes proporciones implica costos inmensos para el erario que debe resarcir al concesionario liquidado. Se ha dicho que esta sola operación podría llegar a los $7 billones.

Tampoco parecieron percatarse que llevar a la práctica una idea como ésta echaría por la borda la confianza inversionista en los contratos de concesión presentes y futuros, de los que tanto depende la posibilidad de darnos una infraestructura moderna. Toda vez que el gobierno directamente mediante la modalidad de obra pública en donde el único inversionista es el presupuesto nacional resulta absolutamente incapaz de proveer los recursos que requiere el desarrollo de la infraestructura del país.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, dirigida por Juan Martín Caicedo, ha informado que a través de los contratos de concesión se ha logrado canalizar el equivalente a cinco o seis reformas tributarias de $ 20 billones, cada una hacia la modernización de la infraestructura nacional; suma desde luego inalcanzable si el único proveedor de fondos fuera el presupuesto nacional, como sucedería si nos tomamos el nuevo bálsamo de Fierabrás gubernamental: la nacionalización de las vías.

Tampoco parecen haberse detenido el presidente Petro ni el auditorio que lo aplaudía en la doble precisión que hizo el concesionario de esta vía, a saber: que los quebrantos de esta carretera comenzaron varios años antes de que fuera concesionada, que los problemas de diseño provienen del mismo gobierno, en administraciones anteriores; y que todos los compromisos de inversión de los peajes han sido aplicados a los fines contractuales previstos.

En el discurso presidencial se dijo también que, tomándose el bebedizo de la nacionalización de las vías concesionadas, el gobierno podría echarle mano al producido de los peajes y, con eso, atender los gastos del mantenimiento de las vías. Por supuesto es una fantasía mayúscula que olvida que el gobierno goza de amplias facultades de supervisión y control para vigilar y para sancionar, si es del caso, cualquier evento en el que el concesionario destine el producido de los peajes a finalidades distintas de las que han sido acordadas contractualmente.

Si el mismo bálsamo de Fierabrás se aplicara a los restantes 5.000 kilómetros que hoy existen de vías concesionadas en Colombia, es claro que no habría la menor posibilidad de cumplir con las obligaciones financieras que se derivan de la liquidación anticipada de los contratos que las rigen.

La misma creencia en las bondades curativas del nuevo bálsamo (el de la estatización) que parece haber descubierto con entusiasmo la administración Petro la encontramos en las declaraciones del ministro de Minas, Andrés Camacho, quien atribuye todos los males que se otean en el horizonte del sector eléctrico al neoliberalismo y al hecho de que no se haya estatizado aún la totalidad de los eslabones que conforman los eslabones de tan importante sector.

Según el funcionario la solución estructural a todos los males analizados durante las últimas semanas proviene de que aún subsistan empresas privadas en la cadena de la generación, transmisión, comercialización y distribución eléctrica en Colombia.

Si se logra un nuevo modelo -dice el ministro- en el que todos los eslabones de la cadena fueran exclusivamente públicos, los males de los servicios públicos desaparecerían por ensalmo. Como desaparecían los del cuerpo maltratado, según el consejo de Don Quijote a su fiel escudero.