CARLOS ALFONSO VELÁSQUEZ | El Nuevo Siglo
Domingo, 4 de Septiembre de 2011

Lo mataron porque…

“En  paranoia por avances del proceso ocho mil”
El  libro ¿Por qué lo mataron? de Enrique Gómez arroja significativas luces que, empleadas con el profesionalismo y ética que son de esperar de la Fiscalía, pueden contribuir a llegar a la verdad sobre la autoría del magnicidio de Álvaro Gómez. Pese a ser escrito por uno de los principales dolientes del asesinato, su lenguaje fluido y lógico muestran a un autor desprendido de sentimientos vindicativos. Como bien lo apuntó Rodrigo Pombo “esta obra política y jurídica se convierte a la postre en un documento histórico”.
Ahora bien, de su lectura deduzco las siguientes hipótesis y/o conclusiones.
A Álvaro Gómez lo mataron porque después de un período de dudas sobre la responsabilidad de Samper en el ingreso de dineros de las mafias del Valle a su campaña, había llegado a la convicción de que era necesario liderar una oposición con el objeto de producir una crisis política orientada a “tumbar el régimen”. Esta convicción se tradujo en decisión que se fue cristalizando a través de editoriales y declaraciones públicas. Ningún indicio serio apunta hacia la posibilidad de que Gómez hubiese considerado el golpe de estado como el medio para lograr su propósito.
Para la fecha del magnicidio, la mafia y sus “allegados” habían entrado en una especie de paranoia por los avances del proceso ocho mil evidenciados en detenciones de importantes personajes cercanos a Samper como Eduardo Mestre, Santiago Medina y Fernando Botero. Es decir, el cuadro mostraba que solo faltaba llegar al mismo Presidente. De esa paranoia, además del magnicidio, se desprendieron sendos y burdos montajes para desviar la investigación que incluso produjeron personas injustamente presas. Esos montajes extrañamente no fueron detectados oportunamente por los investigadores de la Fiscalía.
La mafia no podía correr el riesgo de que Samper tuviera que renunciar a la presidencia pues consideraban que solo él podía protegerlos, entre otras amenazas, de la extradición, manteniéndola prohibida constitucionalmente. Al respecto conviene recordar que en ese momento los hermanos Rodríguez estaban ya en la cárcel dedicados a su guerra jurídica y que la prohibición de la extradición por la creciente presión de EE.UU.-, vino a ser eliminada en el Congreso solo hasta el último año del gobierno Samper pero “sin retroactividad”.
El magnicidio logró darle un poco de oxígeno a Samper para sortear la crisis. De allí la oportunidad política para convocar a la “unidad nacional contra el crimen… etc.”, incluyendo a Misael y Andrés Pastrana. Que pronto haya fracasado el intento no quiere decir que la ocasión no era propicia. En agosto de 1995 (un día después de la detención de Botero) Samper decretó la “Conmoción Interior” que fue declarada inexequible en octubre. A raíz del magnicidio la volvió a decretar y esta vez no fue echada para atrás.
Ante la neutralización, por el ocho mil, de enlaces claves entre gobierno y mafia como Mestre y Alberto Giraldo, el hombre más llamado a desempeñar el papel, por su perfil y cercanía a Samper, era Ignacio Londoño Zabala. La Fiscalía tiene la palabra.