Se ha anunciado por los promotores del referendo llamado de “autonomía regional” -que inicialmente echó a andar el gobernador de Antioquia- que acaban de registrar tres millones quinientas mil firmas recolectadas en veinte departamentos para proseguir con las instancias que requiere la convocatoria de una figura como ésta.
Esta iniciativa recuerda las reformas descentralistas promovidas en el siglo XIX por los gobiernos radicales de entonces, encabezados por el doctor Manuel Murillo Toro. Tiene como propósito principal que algunos tributos nacionales -como el impuesto a la renta y el de patrimonio en especial- pasen a ser de propiedad exclusiva de los entes territoriales donde se recaudan.
En concreto, la principal pregunta que este referendo le formularía a la ciudadanía es si está de acuerdo con que: “Solo los departamentos y el distrito capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos agrega el texto preparado será de propiedad exclusiva de los departamentos en su conjunto. Y su distribución se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley”.
Los promotores de este referendo estiman que los trámites que falta surtir antes de que sea sometido a la ciudadanía tardarán unos seis meses. Es decir, que en algún momento del año que comienza, la ciudadanía será llamada a decidir sobre tan trascendental materia.
Esta iniciativa corre paralela y debe analizarse conjuntamente con el acto legislativo que ya se aprobó recientemente, en virtud del cual -luego de un periodo de transición de dos años- dentro del cual debe expedirse una ley de competencias por la cual se transfieran a las entidades territoriales funciones que hoy se atienden desde el Gobierno central, se incrementarán los porcentajes de las transferencias del sistema general de participaciones hasta alcanzar el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación.
Estas dos iniciativas, (la segunda de las cuales ya fue aprobada por el congreso)cuando se les mira en conjunto, son absolutamente incompatibles con el esquema de gobierno que hoy tenemos consagrado en nuestra Constitución (República unitaria con amplia descentralización), para pasar). Pasarían a conformar un esquema federal en el que el gobierno central queda mutilado y reducido a su mínima expresión.
Probablemente cuando se hagan bien las cuentas se descubrirá que el Gobierno central no podrá seguir atendiendo servicios claves como el ejército, la policía, la salud, la educación superior, entre otros, por falta de recursos. Todos ellos pasarían a ser responsabilidad de los departamentos.
Tal como ocurrió a mediados del siglo XIX cuando en los tiempos de los gobiernos radicales se hizo la transformación tributaria que liderada por el doctor Murillo Toro dio sepultura al sistema fiscal que venía desde la colonia. Entramos con furor en aquel entonces por las vías del federalismo que tuvo como grandes protagonistas a las provincias y a los estados soberanos, puesto que el Gobierno central quedó reducido a unas impotentes oficinas ubicadas en Bogotá y nada más. Hasta cuando se expidió la Constitución de 1886 y se remodeló la configuración del Gobierno nacional, que es el sistema que aún rige.
Pero lo que es cierto es que si se llega a aprobar el referendo de la autonomía territorial, que ya ha recaudado más de tres millones y medio de firmas como queda dicho, y esto se conjuga con el acto legislativo que ordenó el incremento desmesurado del Sistema General de Transferencias a las regiones, la fisonomía del Gobierno Nacional- tal como hoy la conocemos- deja de ser viable.
Basta una consideración simple: el referendo constitucional de la autonomía regional que se está preparando define entre otras cosas que el impuesto a la renta y el del patrimonio pasan a ser propiedad exclusiva de los departamentos donde estos tributos se recaudan.
Si se tiene en cuenta que el impuesto a la renta es el principal tributo nacional que hoy recauda la DIAN y representa cerca del 40% de las rentas nacionales, no hay que ser muy perspicaz para entender que el gobierno central deja de ser viable. Tanto más si esto se conjuga con el incremento desmesurado ya establecido en el acto legislativo reciente que modificó el Sistema General de Participaciones.
Uno y otro sistema constituyen un coctel mortal que sin la menor duda mataría la organización de república unitaria que hoy tenemos. Y abriría las bases hacia una nueva forma de federalismo, tal como aconteció a mediados del siglo XIX.
No es este el espacio para analizar las ventajas o inconvenientes que uno y otro esquema tiene. Y si un federalismo criollo resultante de la improvisación normativa como el que se está perfilando es viable en el siglo XXI. Personalmente no lo creo.
Pero lo que es cierto es que no debemos lanzarnos a semejante salto copernicano de nuestras instituciones sin valorar muy bien lo que está en juego. Movidos simplemente por el querer de mayor autonomía regional, pero sin tomar en cuenta que así se despluma y se deja en los huesos al Gobierno central.