En el Caribe nuestro mar está en el limbo. La inaplicable sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 2012 no se ha desenredado. A pesar del anuncio de hace años del presidente Juan Manuel Santos de que solamente con la suscripción de Tratados podría ejecutarse y la instrucción de no asistir más a La Haya, allí estamos dejando posiciones imprudentes frente a otras dos demandas de Nicaragua, una por incumplimiento y otra con la pretensión de ese país de extender su plataforma continental a más de doscientas millas, casi hasta Cartagena, exponiéndonos a nuevo descalabro. La Cancillería se abstiene de explicar qué hacemos y en medio de escándalos la realidad se oculta. La Ministra ha desobedecido la decisión presidencial y el Congreso aplaza el debate de un tema vital sin explicaciones valederas. Eso en cuanto al mar.
En referencia a la tierra rural se informa sobre la ley agraria que permitiría expropiaciones, inclusive por la vía administrativa, de bienes ociosos y de engorde, con la promesa de repartir dichas tierras a los campesinos. ¿A qué campesinos y cómo? El señor Ministro de Agricultura indica el propósito de aumentar la productividad, dice que la tierra tiene una función social y su posesión en muchos casos es injusta, lo cual compartimos con la anotación de que el objetivo de reforma a medias, bajado de la nube, crea zozobra, intranquiliza, conlleva inseguridad jurídica, expone a más corrupción y violencia. Ya el Gobierno ha tenido que suprimir un artículo confuso relativo al derecho de propiedad, sin duda inconstitucional.
Esta iniciativa de “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, es básicamente repetición de la Ley Habilitante del presidente Hugo Chávez para la reforma agraria del 2010, que facilitó la expropiación de 10.000 hectáreas, contribuyó al colapso de la economía venezolana, creó incertidumbre, golpeó a los campesinos en mayor grado que a los terratenientes, influyó para el desabastecimiento de alimentos y la crisis política actual.
Convendría definir en Colombia qué es tierra improductiva, la entidad encargada de determinar los predios considerados ociosos y lo relacionado con la extinción de dominio. No se sabe a qué tipo de cultivos o actividad productiva se dirige el proyecto del Gobierno, el punto tampoco estuvo nítido hace cincuenta años en las labores del Instituto de la Reforma Agraria (Incora).
Veremos qué sucede, el panorama es oscuro. En cuanto al mar y la tierra, nos situamos en el limbo. Estadistas y partidos políticos no aparecen, todo a medias es la consigna. El subdesarrollo mental, al igual que el físico, persiste y dificulta la vida.