El próximo domingo, el pueblo en ejercicio de su soberanía, Art. 103 de la C.P., absolverá la consulta, ininteligible por demagógica, enderezada a saber si las gentes están de acuerdo en restringir conductas de las autoridades y patrocinar el congreso a los oligarcas.

Para comprender el alcance del cuestionamiento que a los ciudadanos se les hace, conveniente resulta emitir un concepto elemental de lo que se considera corrupción.

La palabra tiene su origen en el término latín “corruptio” que traducido al lenguaje corriente significa romper malintencionadamente; atropellar los derechos con apoyo en ejercicio del poder, para satisfacer intereses injustos y perversos.

Estos comportamientos son habituales en el país, porque los valores éticos no se aplican ni predican, los únicos valores comunes son los monetarios y ellos estimulan el proceder de todos, pero principalmente de quienes por mandato de cualquier índole ejercen autoridad pública o privada.

Un paradigma de lo que se alega, referido a lo doméstico, es el episodio de la tragedia en el Ecuador, por la negligencia de las autoridades de la movilidad que omitieron el cumplimiento de sus deberes funcionales, ejerciendo la tarea que les corresponde como autoridades administrativas preventivas que guardan la seguridad, la salubridad y la tranquilidad. Tal omisión tuvo como causa el hecho de que esa intervención no generaba, oficialmente, ingresos para nadie.

Otra muestra de ese proceder se advierte en lo que en Bogotá se hace mediante comparendos y traslado de carros a los patios por la Secretaria de Movilidad, ¡para complacer las apetencias del señor Bocarejo y los dueños de las grúas y parqueaderos! La violación del principio constitucional de igualdad, artículo 13 de la obra citada, es el pan nuestro de cada día. Valerse de las fotomultas, por ejemplo, para recaudar dinero, a escondidas de las víctimas o sancionar por parquear cerca de los estacionamientos de propiedad de los amigos y familiares del burgomaestre, es una especulación frecuente y generalizada.

Para comprobarlo no hay que hacer esfuerzo. Hay calles en las que se imparten comparendos o se trasladan carros a los depósitos, opresivamente, no obstante que en el mismo sector pululan esas mismas situaciones, pero hay discriminación. ¿Por qué esa discriminación? Preguntas se han formulado a la Secretaria de Movilidad en ejercicio del derecho de petición y respuestas no se han dado.

La consulta que al pueblo hay que formularle, en sentido obvio y práctico para garantizar los derechos fundamentales como el de igualdad y debido proceso, debe expulsarse referida a las garantías consagradas para evitar esos atropellos, tan comunes en la carreteras, a la entrada de los municipios y otros sitios que se aprovechan para brindarle dividendos a quienes particularmente están reemplazando el poder público de la autoridad: la privatización grosera de la función de policía. Estos son derechos principales y domésticos de las personas, pero su protección y su debate no favorecen a los congresistas, diputados o concejales, pues el clientelismo soborna el poder otorgado por el pueblo.