El 2023 culminó, como todos los años, con una discusión sobre el salario mínimo en Colombia. Luego del segundo de los cuatro aumentos que le corresponderán al gobierno Petro, vale la pena dar un paso atrás para entender los fundamentos teóricos de esta política, observar su comportamiento histórico en nuestro país y situar al actual gobierno en ese contexto.

Para conservar las condiciones de vida de quienes reciben el salario mínimo, este debe ser ajustado periódicamente para compensar por la inflación y así mantener su poder adquisitivo. A finales del siglo XX, era común que el salario mínimo creciera en más de un 20%, pero la inflación, que podía oscilar entre el 16 y el 33%, generalmente era aún mayor. Por ende, entre 1989 y 1999, hubo una reducción real del salario mínimo durante nueve de esos once años. Desde el siglo XXI, en su autonomía, el Banco de la República ha logrado domar la inflación alta y persistente de antaño, conservando así el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados.

Por otro lado, cualquier incremento real del salario mínimo - es decir, por encima de la inflación- debe ser proporcional al crecimiento económico del país. Así, el incremento de costos laborales para el sector empresarial será compensado por el crecimiento de sus mercados, permitiéndole contratar nuevos trabajadores formales. Sólo con este equilibrio se puede beneficiar simultáneamente a los trabajadores ya formalizados, a la mayoría de colombianos que aspiran a un trabajo formal y a los empresarios.

Entre los años 2002 y 2014, vimos incrementos reales del salario mínimo consistentemente superiores a los vistos entre 1986 y 2002. Sin embargo, estos incrementos fueron casi siempre menores que el crecimiento de los ingresos per cápita, por lo que permitieron un ambiente de negocios favorable y una reducción sostenida de la informalidad.

Desde el 2014, este balance se ha visto amenazado por una serie de choques nocivos para la economía. Durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, duramente afectado por el colapso de los precios internacionales de las materias primas, el salario mínimo creció, en términos reales, levemente más que los ingresos per cápita. A su vez, al gobierno de Iván Duque le correspondió enfrentar la profunda contracción que provocó el covid-19. Luego de mantener el salario mínimo prácticamente a niveles pre-pandemia durante el 2020, propició las condiciones para una espectacular recuperación en 2021 y 2022, permitiéndole promulgar el incremento salarial real más grande de las últimas cuatro décadas para el año 2022. En balance, el salario mínimo creció más que la economía durante el gobierno Duque, pero esta última andaba decididamente en una senda de recuperación que habría hecho sostenibles esos incrementos salariales a largo plazo.

Los aumentos reales del 2023 y 2024 han sido, en promedio, menores que los promulgados por el gobierno Duque. Aun así, han sido mucho menos sostenibles, porque mientras que nuestros ingresos per cápita crecieron en un 8.13% anual entre 2020 y 2022, desde 2022 han experimentado un crecimiento prácticamente nulo. El mayor pecado de este gobierno, entonces, no ha sido aumentar el salario mínimo en un 4.86% anual, en promedio, estos últimos dos años, sino doblegar a una economía próspera con una coyuntura global favorable y llevarla al más aberrante estancamiento.

Las aspiraciones de todos los colombianos, sobre todo los más desfavorecidos, sólo se pueden realizar si retomamos la senda del crecimiento. Hasta entonces, cualquier derecho social proclamado en papel o incremento salarial anunciado por decreto será a expensas de nuestro futuro.