Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz el país se interroga sobre la negociación, sus resultados y sus consecuencias en la vida nacional. La integración del equipo negociador y la benevolencia dispensada a la fuerza insurgente desde el inicio de los contactos mostró una predisposición inocultable a la concesión. No de otra manera puede interpretarse la renuncia del gobierno al principio de que la situación militar en el terreno determina la relación de fuerzas en la negociación, lo que se tradujo en la suspensión de la presión militar sobre la agresiva contraparte. No extrañó entonces, que la delegación del gobierno se fuera ajustando con actores políticos afines ideológicamente al asesor de la insurgencia, hoy secretario general del partido comunista español.

El acuerdo respondió a los propósitos, finalidades e intereses de las Farc-Ep, y fue presentado y divulgado por los medios y la mayoría de los sectores políticos como “el mejor posible” y garante de una paz duradera. La prepotencia y vanidad desbordadas indujeron al expresidente Santos a convocar un plebiscito ciudadano, que tuvo la sensatez de rechazar el adefesio, a lo que el mandatario respondió violentando la voluntad popular, con la complicidad del Congreso y la anuencia de la Corte Constitucional. Condenaron al acuerdo a la ilegitimidad de la que hasta hoy no ha logrado redimirse.

Ninguno de sus objetivos se ha cumplido. La paz prometida se vio desmentida por una violencia que recrudeció con el acuerdo y se ha convertido en nuevo conflicto con el Eln, Clan del Golfo, disidencias farianas, Nueva Marquetalia y toda la gama de actores del narcotráfico, auxiliados desde Venezuela. La polarización se impuso a la mentida reconciliación y afecta a todos los estamentos de la sociedad. La verdad y la justicia, en manos de una jurisdicción y una comisión integradas con inocultable sesgo ideológico, no han producido ni sentencias, ni verdades, a pesar de sus costosos presupuestos y abultadas nóminas. Solamente actuaciones que las demeritan y deslegitiman.

La reparación es un mito, puesto que las Farc solo han entregado el 0.7% de sus bienes registrados. Lo único verificable es el incumplimiento del partido Farc, el que, además de sus bienes, no ha entregado verdad, ni las rutas del narcotráfico, ni la identidad de los integrantes de los Carteles que fueron sus socios, y al parecer esconde hechos no aclarados, como los de sus cuentas bancarias en Turquía o los sugeridos en la carta de alias “Romaña”.

Colombia padece las consecuencias de una paz fallida. El narcotráfico, acrecentado por los incentivos perversos que se prodigaron durante la negociación de La Habana, sigue siendo la principal amenaza a la vida de los colombianos y a la seguridad nacional. No deja de ser paradójico que los incondicionales del acuerdo de paz sean los furiosos adversarios de combatir y erradicar el cultivo de la coca, y que sea la justicia, demeritada en su misión, la que los cobije. Buscar consensos para superar el problema debe ser el resultado de las próximas elecciones.