Reducido a sus elementos esenciales, el concepto de Estado de Derecho supone que la acción de todos sus órganos y autoridades, en cualquiera de sus niveles, debe estar limitada por la existencia de normas jurídicas, cuyo respeto es garantizado por los jueces. Esa es la clave de la garantía de las libertades y de los derechos de todos.

El correcto funcionamiento de la justicia implica, a su vez, el ejercicio autónomo e imparcial de las competencias que son atribuidas a sus agentes por la Constitución.

La autonomía es elemento esencial que asegura al poder judicial el sereno ejercicio de sus funciones. La imparcialidad es presupuesto indispensable para asegurar la igualdad de todos ante la ley, así como el único norte posible para quien ejerce la magistratura.

Sin autonomía, no hay equilibrio de poderes; sin imparcialidad, no hay legitimidad de la actuación judicial.  

Cuidar con celo cada uno de los extremos de esta ecuación es tarea ineludible de los jueces, al tiempo que el riguroso acatamiento de sus decisiones es deber de las demás autoridades y de todos nosotros. Lo que no impide, por supuesto, que las mismas puedan ser controvertidas o que cualquier actuación contraria a la ley o a la probidad que debe guiarlas, de llegar a presentarse, deba ser denunciada y sancionada con mayor severidad que en cualquier otro caso por el inconmensurable daño que produce. Pero ello necesariamente debe hacerse dentro de los canales previstos por el ordenamiento jurídico en el marco de los procesos e instancias pertinentes.

Y ello es así porque la justicia no es un espectáculo, ni es un asunto de popularidad o beneplácitos; no se rige por el aplauso de la tribuna, ni por la conveniencia del momento o de sujetos determinados, sino por los términos de la ley y el principio de justicia que debe imperar en su interpretación.

Pretender desconocer sus mecanismos, trasladar los debates procesales al escenario de la opinión, presionar de cualquier manera a los jueces para forzar sus decisiones, llamar a desacatar sus órdenes cuando el resultado no se ajusta a cierta expectativa, así como realizar genéricas descalificaciones de la actuación judicial buscando minar la confianza en la justicia basados en una coyuntura, o en lo que se cree una útil estrategia para el momento, resulta simplemente insensato.

Nadie razonablemente debería apostar al debilitamiento del papel de los jueces ni de la autonomía judicial, pues ello en realidad comporta la desintegración de uno de los pilares esenciales de la democracia. Supeditar la valoración de las decisiones judiciales a las convicciones políticas imperantes o de turno, es simplemente abrir el camino a la dictadura. Que recuerden los que piensan de esa manera, así como los que irreflexivamente se dejan llevar por esas voces, que las mayorías, o las circunstancias pueden cambiar; pero que una vez socavada la justicia y sus principios, cualquier causa estará perdida, pues ya no habrá reglas ciertas ni jueces autónomos e imparciales a los que se pueda acudir para denunciar los atropellos y proteger su libertad.

@wzcsg