Gustavo Petro, junto a sus homólogos de México y Brasil, tardó casi una semana en reaccionar ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de avalar un fraude tan evidente como vulgar. Su tardía declaración, limitada a solicitar la publicación de las actas de votación, marcó el inicio de un juego hipócrita y de una postura sumisa, tanto de Petro como de su canciller Luis Gilberto Murillo.
Todo apunta a que esta estrategia fue diseñada para ganar tiempo y facilitar al régimen usurpador de Nicolás Maduro el robo definitivo de las elecciones. En contraste, gobiernos como los de Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Panamá, entre otros, así como organismos como la OEA y el Centro Carter, alzaron su voz desde el primer momento para cuestionar el espurio triunfo de la tiranía chavista.
Nunca imaginamos los colombianos, defensores de la institucionalidad y del respeto por la voluntad popular, que nuestro país pudiera convertirse en cómplice de una dictadura y del descarado saqueo de un proceso electoral. La complicidad de Colombia en este golpe a la democracia venezolana radica en la actitud pusilánime de Petro, quien utiliza su investidura para satisfacer pasiones políticas y personales, traicionando así el sentir mayoritario del pueblo colombiano.
A pesar de que el régimen chavista nunca publicó las actas que confirmarían la derrota del dictador y el contundente triunfo de la oposición, Petro y Murillo han mantenido una retórica ambigua y farsante. Mientras aseguran no reconocer los resultados, han coqueteado constantemente con Maduro a través de emisarios oficiales y mandaderos informales. El doble discurso quedó expuesto cuando Murillo afirmó: “Nuestra posición ha sido clara: no hubo actas, no hay reconocimiento”. Sin embargo, al mismo tiempo, su viceministro, Jorge Rojas, anunció que el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, representará a Colombia en la ilegítima posesión de Maduro.
Esta contradicción deja al descubierto que Petro y su canciller intentan engañar a los colombianos. Simulan no reconocer el ilegítimo triunfo de Maduro, mientras que, por la puerta trasera, legitiman el fraude. Para la comunidad internacional y para la gran mayoría de los colombianos, la asistencia a la posesión de Maduro, ya sea de manera oficial o personal, equivale a una abierta complicidad con la dictadura. Es inadmisible que Petro exponga a Colombia a tal deshonra, alineando al país con quienes desconocen la democracia y atropellan la voluntad popular expresada en las urnas.
Resulta alarmante que esta sumisión tenga una doble motivación: el temor de Petro a Maduro y a su arrogancia, y, peor aún, su íntima afinidad ideológica con el chavismo. Cualquiera que sea la razón, son posturas que merecen la más enérgica censura por parte del pueblo colombiano. No podemos legitimar un fraude electoral en Venezuela ni en país alguno porque, como bien dice la sabiduría popular, “lo que no queremos para nosotros, no debemos aceptarlo para los demás”. Venezuela ha sido devastada por el chavismo, y es nuestra responsabilidad impedir que el petrismo cause el mismo daño en Colombia.
Es imperativo exigir a Petro que, en respeto a nuestra Constitución, a nuestra tradición democrática y a nuestras convicciones, ordene la suspensión inmediata de la participación de su embajador en el montaje mediático que el chavismo ha organizado con la ilegítima posesión de Maduro. En nombre de Colombia nadie debe arrodillarse ante una dictadura ni traicionar los valores democráticos que nos definen e identifican como nación.
@ernestomaciast