“Acompañemos implementación del acuerdo de paz”

La expresión de la Ministra del Interior sobre el desarrollo del acuerdo de paz si bien desató la consabida arremetida de los que se califican como “bordadores de paz”, merece un análisis más ajustado a las realidades que rodearon la firma del acuerdo y hoy acompañan el cumplimiento del mismo. Fallido está el acuerdo desde su inicio, rechazado por el constituyente primario en un plebiscito convocado y manipulado por el gobierno Santos a sus anchas.

La tinterillada que con la que se desconoció la voluntad popular lo embadurnó de ilegitimidad y acentuó la lamentable catadura ética del ejecutivo, del Congreso y de la concupiscente Corte Constitucional, que impusieron un breviario ético de corte mockusiano, que sostiene que para alcanzar la paz fue necesario prodigar generosamente corruptora mermelada. Es un nuevo talante ético, hoy entronizado a ultranza por los “bordadores de paz”.

Pero también es un acuerdo fallido en su implementación, no solamente por haber implantado una JEP sesgada ideológicamente, sacudida desde el inicio de sus funciones por escandalosas pugnas internas generosas contrataciones, fallos parcializados y paquidérmica premura en el ejercicio de sus competencias, sino también por el recrudecimiento de una violencia despiadada y protegida por el régimen dictatorial de Maduro.   

La FIP destaca no solo el fortalecimiento del Eln en sus zonas de siempre, sino también su presencia en territorios ayer de predominio de las Farc, que albergan los municipios que concentran el 44% de los narcocultivos en Colombia y que registran un alto crecimiento en el sembrado de coca. Ese crecimiento geométrico es también evidente en las zonas de minería ilegal, de producción de oro y se complementa con el recrudecimiento del secuestro y la extorsión y con el asesinato de líderes sociales y desmovilizados que aspiran a construir una nueva vida.

Las disidencias de las Farc crecen igualmente y disputan a sangre y fuego con el Eln y Grupos Armados Ilegales el control de las actividades ilegales, sostenidos por los carteles internacionales del narcotráfico y presentes en 12 de los 24 estados venezolanos con la anuencia y protección del gobierno de Maduro. Es la pesada herencia que dejó el gobierno anterior. En ese complejo escenario, Timochemko y su entorno deben contentarse con el monumental lavado de activos que les permite vivir con holgura. Rutas y socios del narcotráfico, responsabilidades por delitos sexuales, desaparición de secuestrados, no desmovilización de las milicias urbanas y verdad sobre el reclutamiento forzado de menores, entre otros, son obligaciones pendientes.

El gobierno procura la reinserción de los excombatientes y contener la violencia homicida de las Organizaciones Ilegales, que permita el tránsito de un estado semifallido del acuerdo de paz a una paz sostenible que los colombianos nos merecemos. Acompañémoslo.  .