Pasaron veinte años de equivocaciones antes de proferida la sentencia de noviembre del 2012, de la Corte Internacional de Justicia, que desconoce el meridiano 82 como frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Han transcurrido otros seis desde ese fallo, dos períodos de Congreso sin análisis ni debate, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no volveríamos a la Haya pero allí estamos, a la defensiva,  frente a dos nuevas demandas, la principal de solicitud de extensión de la plataforma continental del vecino país a más de doscientas millas, casi hasta Cartagena.

Si bien no hay plazo para cumplimiento de veredictos de este tipo y el del Tribunal, del cual nos retiramos hace tiempo, solo podrá aclararse mediante la suscripción de Tratados, la zozobra persiste, el gobierno calla y los candidatos a la primera magistratura en el 2018 omiten cualquier pronunciamiento al respecto.  Entre tanto, la Corte, en reciente fallo dictado a favor de Costa Rica, que  reconoce su soberanía sobre Isla Calero, en el extremo norte de la provincia de Limón y zanja la disputa territorial con Nicaragua,  adjudica a esta última Nación una extensa zona de mar con el argumento de haberla  otorgado desde  el 2012. Aquí, la Cancillería dice que esto no afecta en nada a Colombia y lo mismo repite el agente de la República en La Haya, aceptando que la afirmación es exacta, admitiendo de paso la incertidumbre respecto de la determinación que se adoptará dentro de unos meses respecto de plataforma continental. Las contradicciones son evidentes, me asombra la declaración del doctor Carlos Gustavo Arrieta de que el veredicto del 2012 es hecho cumplido e inevitable.  El actual gobierno ha tomado la decisión de  dejar el entuerto a su sucesor y  continúa otorgando unilateralmente jurisdicción a la Corte sin importar las consecuencias que de ello se deriven,  exponiéndonos a inconcebibles e interminables desmembraciones territoriales. Por cierto, cayeron truenos, rayos y centellas sobre el representante a la Cámara por el Departamento de San Andrés y Providencia que denunció como la sentencia anterior, a la cual hago mención, perjudica a Colombia.    

Ningún candidato presidencial ha manifestado su posición en referencia al asunto, ellos deben hacerlo, no es cuestión de poca monta, está en juego un tema internacional de magnitud que corresponde tratarlo con ánimo integracionista, en contacto permanente con otros Estados, en beneficio del continente y del Caribe. En mi condición de ciudadano y elector  ejerzo el derecho de pedir el pronunciamiento de los aspirantes. La historia registrará la comisión de tantos yerros inherentes a la asfixiante política clientelista.  Acogiéndome a la vigencia del sistema democrático por enésima vez pregunto,  ¿Y, del mar qué?