El ex magistrado José Gregorio Hernández, en reciente columna, afirma que en Colombia tenemos una Constitución indefinida, la de 1991 ha tenido decenas de enmiendas y modificaciones sustanciales incluyendo la incorporación de la Justicia de Paz que modifica la estructura de la rama judicial. Se pregunta: ¿Cuál es el contenido de la Constitución?
En materia de Derechos y Obligaciones nuestro Estado no es “erga omnes,” igual para todos los ciudadanos, hay desigualdad, le asiste razón cuando afirma que la Corte Constitucional al declarar exequibles puntos consignados en el Acuerdo de Paz extiende diferencias. Los valores jurídicos de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, legalidad, jerarquía normativa, responsabilidad, no se miden con el mismo rasero.
El artículo 3º que consigna: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo y este la ejerce por medio de sus representantes en los términos que la constitución lo establece” se ha ampliado con la premisa de la supremacía internacional de lo acordado en el Convenio de Paz, para su implementación. ¿Hasta dónde llegaremos? No se sabe. Ni lo conocen los “constituyentes” que hacen uso del “fast track” embeleco de moda. Es positiva la desmovilización de las Farc, su reincorporación a la sociedad, pero en lo jurídico observamos incoherencia, lo transitorio desplaza a lo permanente.
Como existen compromisos que deben cumplirse se produce un extraño remezón que complica el ejercicio de la profesión de abogado y afecta el grado jerárquico de Cortes y Tribunales. Coincido con el profesor Hernández en la dificultad para que la Corte Constitucional ejerza su obligación de defender la guarda de la integridad de la Carta. La democracia adquiere significado dudoso. No estamos sometidos a una dictadura, las ramas del poder actúan, sin embargo frente a la ley nos encontramos en condiciones disimiles, el perdón y el olvido llevan a conclusiones discutibles en referencia a Derechos, quienes no las comparten son considerados enemigos de la paz.
Es oportuno participar en un debate insoslayable que se encuentra inmerso en la campaña presidencial y de renovación de las corporaciones públicas, con incremento de curules destinadas a beneficiarios concretos señalados mediante disposiciones de extenso alcance por el Gobierno gracias a autorizaciones otorgadas por las mayorías de integrantes de las Cámaras y avaladas por la rama Judicial. Hay tela para cortar, es confuso el contenido de la Constitución, las universidades ofrecen cursos de actualización sobre el tema, tal vez los estudiantes logren precisar su espíritu, tarea compleja porque expertos en enredar las bases de la pirámide del Estado insisten en aumentar privilegios bajo la consigna de que por la “vía rápida” todo se puede.