Me cuesta trabajo aceptar que el tema de la financiación de campañas electorales, de los partidos y de los políticos siga perturbando en forma tan notoria la actividad pública en Colombia.

El primer ensayo que escribí cuando regresé de los Estados Unidos, hace más de 60 años, se refería al tema de la financiación política en ese país. Con base en el libro más reputado en ese momento "Los costos de la Democracia" (Revista Arco No. 4 pg. 248-251).

En el primer libro que publiqué sobre este tema, 1997, me propuse presentar un bosquejo, seguramente incompleto, de los planteamientos que dirigentes de diferentes fuerzas políticas habían hecho al respecto, Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López Michelsen, Laureano Gómez, Luis Carlos Galán, Belisario Betancur, Virgilio Barco.

Son muchas las disposiciones legales que se han adoptado y muchas también las que se han rechazado. Pero difícilmente, los gobiernos han logrado salir indemnes de las consecuencias de una financiación que desborda los mandatos legales.

No tiene sentido que la dirigencia política quede en entredicho como consecuencia de la financiación de sus campañas. Me parece que la financiación estatal que llaman preponderante, ha sido generosa. Y no obstante la ambición de poder pisotea los límites constitucionales y legales que se han venido estableciendo. La desconfianza que caracteriza la actitud de los colombianos frente a los políticos tiene mucho que ver con la relación entre el dinero y la política.  Un país como Colombia cuasi-sitiado por el crimen organizado que recibe billones de pesos por sus actividades ilícitas, no se puede permitir el lujo de abrir las puertas de la financiación de la vida política a estos grupos criminales. Buena parte de la crisis del sistema político colombiano que ya lleva varios años tiene su origen en el papel que estos grupos han jugado en el proceso electoral y, luego, en el proceso de contratación pública y en la propia formulación de políticas públicas. No es cualquier cosa. Nuestra Democracia ha estado muy expuesta a un colapso ya varias veces por este vínculo fatal entre dinero y política.

Lo menos que debiéramos hacer es blindar la figura presidencial para que jamás ella pueda ser objeto de contaminación, ni siquiera con una salpicadura, por estos dineros. A tal punto que ni la más baja chismografía pueda alimentar suspicacias con respecto a la dignidad presidencial. La majestad del Presidente de la República no puede jamás estar expuesta a estos riesgos.

La financiación estatal total, por lo menos, de la campaña presidencial en todas sus etapas y la estricta vigilancia que bloquee cualquier otro tipo de contribución, en dinero o en especie, debe ser una preocupación de todos los ciudadanos.

Alguna experta en este tema escribió que si la política estaba para la venta, todos los ciudadanos debiéramos estar decididos a comprarla y ello es lo que se logra con la financiación estatal total.  Para los escépticos recojo muy rápidamente la manera como se pueden reducir los costos aparentes de las campañas porque los otros son muy difíciles de establecer y creo que son aún mayores:  1. Limitar la duración de las campañas. 2. Otorgar espacios gratuitos en radio y televisión para todos preferiblemente por la vía del debate con reglas de juego previamente establecidas. 3. Prohibir comerciales políticos que, además, degradan el debate político. 4. Conceder franquicias que faciliten la comunicación política. 5. Suministrar transporte gratuito el día de elecciones. 6. Facilitar el voto aprovechando las nuevas tecnologías.

En todo caso hay que impedir por todos los medios que el dinero compre influencia. El engranaje de la política, han escrito algunos, no puede estar aceitado por el dinero.