El presidente Petro no logró obtener mayorías en el Congreso, no obstante esfuerzos que hizo en ese sentido para lograrlo en las elecciones de marzo/2022. En la mejor tradición reciente colombiana le ofrecieron la construcción de un partido presidencial, que contó con una amplia mayoría tanto en Senado como en Cámara. Fue la contribución del liberalismo, el conservatismo y el Partido de la U que, además, se declararon Partido de Gobierno.

El gobierno de Petro contaba entonces con una cómoda gobernabilidad democrática. Lo sorprendente es que no se hizo ningún esfuerzo para establecer un mínimo de reglas para su funcionamiento. Se reconoce que se logró la aprobación de la Reforma Tributaria, del Acuerdo de Escazú y se podría añadir el Plan Nacional de Desarrollo. Sin duda, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, jugó un papel fundamental tanto en las legislaturas como en la creación de un ambiente de confianza ante el sector empresarial nacional e internacional. Se desaprovechó el potencial de semejante coalición de gobierno. Y, era inevitable, se fueron presentando desacuerdos con respecto a las reformas sociales que desembocaron en desencuentros y en mutuas recriminaciones.  El 25 de abril el presidente Petro enterró la coalición y, entonces, esa cómoda gobernabilidad se perdió. La verdad sea dicha, en ocasiones parecía que ésta seguía funcionando.

Fue un factor que dificultó, pero no bloqueó la agenda legislativa del gobierno. Dos crisis ministeriales y por lo menos dos escándalos que tocaron la Presidencia complicaron la situación. En esencia diría que, finalmente, hubo un serio problema de gobernabilidad que no se pudo superar con la anunciada estrategia de obtener votos al detal, uno por uno. Resultó en algunas situaciones, pero como lo recordó el exfiscal y exprocurador, Alfonso Gómez Méndez en su columna de El Tiempo (21 de junio pasado) algunos ministros y altos funcionarios se estaban colocando al borde del delito de cohecho, que llevó a un Ministro del Interior y a uno de Protección Social a la cárcel.

El expresidente Gaviria, al parecer, tiene muy presentes estos casos porque en el texto que publicó El Tiempo (p.15.1) hace el siguiente planteamiento: "...y el Ministro del Interior propone ahora poner de un lado la Constitución y borrar lo que ella dice sobre cómo se toman las decisiones de los partidos en bancada, después de que los proyectos se discuten en las comisiones constitucionales y en las plenarias ". No concibo cómo una gestión al detal permitiría legislar en el parlamento británico, en el Congreso americano o en el francés. 

Con todo, hay que reconocer que ¡¡¡la ciudadanía no puede proclamar que el Congreso se arrodilló, o que se vendió...!!! Diría que su comportamiento no ha sido diferente del que hemos visto en anteriores legislaturas... más o menos...

Existe una muy precaria información sobre la integralidad de las propuestas legislativas que se tramitan en el Congreso...el seguimiento del funcionamiento de esta rama del poder público no se concatena con su enorme importancia.

Por fortuna, las Cortes y en especial la Constitucional, no tendrán ahora la carga cuasi-imposible de revisar, por derecho propio o a petición, reformas de tanta complejidad como las que se esperaban. Es que, además, sabemos que el propio Congreso comete errores anunciados por sus colegas que hacen aún más pesada la tarea de verificar la armonía con la Constitución y con el procedimiento reglamentario.

La reciente decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del Contralor General estaba bien cantada y fue demandada por los congresistas que así lo anunciaron. Esta vez será lo mismo, están las constancias y las advertencias. El imperio de la ley así lo exige. ¡Cuántas reformas constitucionales de envergadura se han caído, aún antes de la existencia de la Corte Constitucional! En el pasado reciente la oposición fue muy eficaz en obtener declaraciones de inconstitucionalidad. Gran paradoja. La oposición minoritaria se reivindicaba en los estrados judiciales.