¿Hacia el despelote liberal?

Conocimos  la carta que miembros conspicuos del Partido Liberal, los doctores Bernardo Gaitán Mahecha, Alfonso Gómez Méndez, Gustavo Zafra Roldán, Alfredo Beltrán Sierra y Jorge Arango Mejía, con fecha 10 de noviembre del año en curso, dirigieron al Consejo Nacional Electoral, poniendo al descubierto la violación de normas legales y estatutarias en que habría incurrido la Dirección Nacional Liberal al expedir la Resolución por la cual reformó los Estatutos del Partido Liberal Colombiano.
En esa carta se hace la precisión -la cual compartimos- de que “la Ley 1475 de 2011 expresamente estableció que las reformas de los Estatutos de los partidos o movimientos políticos para ajustarlos a la ley, solamente pueden hacerse por el órgano competente”. El Parágrafo del Artículo 4º de la Ley 1475 dice: “Los partidos y movimientos políticos adecuarán sus estatutos en la siguiente reunión del órgano que tenga competencia para reformarlos”. Y el órgano competente, señalan los signatarios de la carta, lo es el Congreso del Partido según los Estatutos vigentes, al tenor del artículo 29, numeral 10.
Según informaciones que nos han llegado, el Consejo Nacional Electoral, desestimó eso argumento -sustentado además con otros razonamientos no menos poderosos-, según declaraciones que hiciera el Presidente del CNE, quien, por pura coincidencia, había sido postulado a la reelección precisamente por la DNL, autora de la Resolución de marras y cuyo contenido, repetimos, había sido cuestionado por los ilustres firmantes anteriormente mencionados.
Llama la atención, por otra parte, que sin que se hubiera cumplido una etapa preparatoria con participación de los sectores sociales, en igualdad de condiciones a la de los sectores políticos, la DNL, bajo el mando del doctor Rafael Pardo, resolvió darle el carácter de “constituyente” al Congreso ordinario del Partido de diciembre, tal vez para poder deshacer lo que la Primera Constituyente del 2000 aprobó con la refrendación de más de dos millones de liberales que acudieron a las urnas en el año 2002.
Ahora, el nuevo cuerpo constituyente que se creó por decisión omnímoda del director del Partido -jamás autorizado para dichos efectos- es dominado por los políticos que hacen parte de las corporaciones públicas, con preponderancia de los concejales capitalinos, quienes subsumen a los concejales de la provincia liberal colombiana al ser tratados éstos como minusválidos políticos, si es que entendemos la crítica que hizo el prestigioso senador Camilo Sánchez sobre esa decisión discriminatoria que traen “los Estatutos de Pardo”, pues así deben llamarse, porque no deben tenerse como Estatutos del Partido propiamente dichos por la forma en que fueron expedidos.
Ya habíamos criticado, en nuestra columna de El Universal de Cartagena, que entre las propuestas insólitas que traen los estatutos de Pardo, está la de quitarle el poder de participación a los sectores sociales en las decisiones internas del Liberalismo, que era de 50%, igual al que se les reconocía a los sectores políticos.
Una constituyente, convocada con vicios de procedimiento y con esa orientación política, no puede generar un ambiente de unidad de nuestro Partido. Todo lo contrario, acentuará el despelote liberal…