Más allá del interés público
Se dan casos en que algunas campañas mediáticas esconden intenciones que, so pretexto del interés público, tienen precisamente un sentido contrario: el favorecimiento del interés privado.
Eso pensamos frente a la campaña emprendida para “acabar con los regímenes especiales de pensiones”, como si el legislador constituyente no se hubiere ocupado en el tema y se requiriere de nuevos pronunciamientos. En verdad, el desconocimiento (malicioso) del texto del Acto Legislativo 1 de 2005 que se ocupó en ponerle tope a las pensiones altas a partir del 2010, esto es desde hace dos años, hace parte de la estrategia que han puesto en marcha los Fondos Privados de Pensiones para apoderarse del ahorro de los servidores públicos.
Desinformar, colocar en la picota pública a los excongresistas que obtuvieron ese derecho bajo el régimen especial que propuso el expresidente César Gaviria al Congreso de 1992, régimen que se extendió, posteriormente, a los magistrados de las altas Cortes y del cual gozan también exprocuradores, excontralores y exfiscales por razón de su investidura y del régimen de inhabilidades e incompatibilidades que devienen del propio ejercicio de sus funciones y no por caprichos sin fundamento, hace parte de la estrategia que ya habíamos denunciado en nuestro artículo anterior “Zarpazo contra las pensiones públicas”, publicado en El Nuevo Siglo y en El Universal de Cartagena, y en cuya oportunidad citamos al tratadista Juan Torres López, catedrático de Teoría Económica Aplicada de la Universidad de Sevilla, cuando alertó sobre el argumento -utilizado en España- de que el gasto público en pensiones iba a ser insoportable, hasta el punto de que se habría logrado “asustar a la población”; pretexto que, según él, le sirvió al exministro del Trabajo del anterior gobierno, Carbacho, para recomendar a los españoles que se afiliaran “a los fondos privados de pensiones”.
Por lo visto, el pensamiento de Carbacho está tomando forma en Colombia. ¡Pero vaya uno a saber si quienes abanderan esa causa y la campaña mediática han sido “estimulados” por los Fondos Privados de Pensiones y que, no por casualidad, hayan arreciado la campaña cuando la Corte Constitucional se ocupa en el tema! ¡La presión no podría resultar más indecorosa!
Con todo, y si así fuere, tenemos razones para confiar en la fortaleza moral y la sabiduría de nuestros altos jueces de la constitucionalidad.
Finalmente: que quede claro que a través del Acto Legislativo 1 de 2005 se garantizó la sostenibilidad financiera para pagar las pensiones públicas; que se acabó con los regímenes especiales a partir del 2010; que solo se conserva ese tratamiento excepcional para el Presidente de la República y para los militares; que se señaló un tope de 25 salarios mínimos para las pensiones máximas a partir del 2010; que se prohibió afectar o disminuir las mesadas de las pensiones reconocidas conforme a Derecho en cualquier tiempo y que se reiteró, en consecuencia, el respeto a los derechos adquiridos.
Alertamos: los Fondos Privados de Pensiones vienen actuando más allá del interés público.