La otra discriminación…
“Controlarse mediante educación y no a través de criminalización”
“TODO acto de discriminación será sancionado como delito”, es el título de la noticia con que registró un periódico de circulación nacional, la aprobación que le dieron las Cámaras legislativas a la iniciativa sobre la discriminación, la cual consiste en “la agresión física o sicológica contra cualquier persona en razón de su raza, condición sexual, nacionalidad o ideología política o filosófica”.
A primera vista, la drástica medida merecería aplausos pero habrá que tener en cuenta razonamientos como los del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez para quien, la nueva ley, podría terminar en una burla, porque los actos considerados como discriminatorios son “tipos penales de difícil aplicación”, o, porque, como lo aprecia también el ex vicefiscal Francisco José Sintura (El Tiempo, 31/08/2011), ya están incorporados en la legislación civil y laboral y en la propia Constitución Política, y su penalización resulta ser “un exceso absoluto del legislador”, en cuanto su ocurrencia podría controlarse mediante la educación, y no a través de su criminalización.
Ya la Corte Constitucional, por ejemplo, ha tomado determinaciones ejemplares para proteger a las personas en sus derechos fundamentales, con aplicación de principios tutelares como el de la igualdad y la no discriminación, en varias de sus modalidades.
La solución no está en criminalizar solamente conductas agresivas personales.
Reflexiones que nos conducen a filosofar un poco sobre la discriminación de hecho que padecen los pueblos, precisamente en los modelos de la economía capitalista sin contenido social, planteamiento que le escuchamos hace treinta años al representante de Ghana en la Comisión (III) de Derechos Humanos de la ONU.
¿Por qué no se habla en nuestro Congreso de esa clase de discriminación?
He ahí un tema que merecería debates a fondo por parte de voceros de los partidos en la Cámaras legislativas, en cuanto a la asunción de posturas ideológicas respetables y no irse por las ramas, o permitiendo que iniciativas gubernamentales, como el Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal, se hayan adoptado en contravía de nuestra estructura constitucional de Estado Social de Derecho.
Cuando se cometen actos de agresión política, como el mencionado, se profundiza la inequidad social y se genera una discriminación de hecho en la sociedad, y mientras ello se permita no se le pueden poner cimientos serios al derecho a la paz de los pueblos.
Es el caso colombiano. Para que el derecho a la paz se convierta en realidad, habrá que crear condiciones sociales que lo hagan posible. Y no solamente con pactos políticos de coyuntura -como el de unión en la cúpula de los partidos para asegurar la gobernabilidad-, se abre ese camino.
De otra parte, si es indispensable o imperativo combatir la corrupción, el Gobierno no puede crear opinión solamente alrededor de esa temática. Por delante hay desafíos sociales, como el de acabar con la discriminación de hecho o las desigualdades sociales profundas: situaciones que merecen la atención prioritaria de un hombre de Estado como el presidente Santos. Pasos como el de la reparación de víctimas y restitución de tierras, tienen ese sello.
edmundolopezg@hotmail.com