Elecciones a la vista…
Se apresta el Senado a elegir Procurador General de la Nación, nuevo magistrado de la Constitucional y nuevo Director Administrativo de la Corporación. Tres elecciones que tienen su propia trascendencia.
La elección del Procurador se hará dentro de la terna ya conformada con profesionales eminentes, el próximo 27 de noviembre, pese a la solicitud de aplazamiento que formulara la magistrada que hace parte de la terna; petición que no contó con la opinión favorable de las mayorías del Senado.
En cuanto al procurador Alejandro Ordóñez, su reelección está cantada, así muchas de sus actuaciones hayan sido controvertidas, ya por aparente exceso en la sanción o ya por posiciones asumidas en contravía de corrientes de opinión, como las que se han expresado en relación con la despenalización del aborto cuando la salud física o mental de la mujer corra alto riesgo de no llegarse a interrumpir el embarazo, como lo ha señalado la Corte Constitucional en trece de sus sentencias.
Con todo, habrá que reconocer que el procurador Ordóñez ha ejercido su cargo con temple moral ejemplar y que, además, ha actuado con independencia frente a los poderes públicos, actitud que de por sí justificaría su continuidad en el cargo. Porque lo peor que le puede pasar a nuestra democracia es tener Fiscal, Contralor o Procurador de bolsillo.
En cuanto al remplazo del magistrado Humberto Sierra Porto es de esperar que quien lo sustituya, tenga su mimo talante progresista, con sentido de respeto al espíritu de la Constitución de 1991; talante que es preciso reconocer también en varios de sus colegas en la Corte de la Constitucionalidad - como preferimos llamar a la entidad que tiene a su cargo la guarda de nuestra Constitución Política-. Y lo advertimos porque, últimamente, han surgido indicios -y no por coincidencia-, en el sentido de querer abrirles paso a criterios retardatarios que, desde el Ministerio de Hacienda y de Salud, se han pretendido imponer, y con cuya aplicación se transformaría - nada menos-, nuestro Estado Social de Derecho en un Estado Neoliberal de Derecho. Y vaya uno a saber si, a través del ejercicio de la modulación de sentencias - de llegarse a conformar mayorías que coincidan con ese pensamiento político-, se consume esa mutación institucional, por encima de compromisos ideológicos superiores que quedaron consagrados en la Constitución de 1991.
¡Mucho cuidado, entonces, con lo que puede ocurrir en el Senado con la elección del remplazo del magistrado Sierra Porto¡
En cuanto al otro cargo por proveer, la Dirección Administrativa del Senado, queremos poner de presente que el prestigio del Congreso muchas veces se ha visto comprometido por cuenta de su pésimo manejo administrativo y no propiamente por los desaciertos que pueden cometer sus integrantes, dentro del ejercicio de su labor legislativa.
Hace 25 años, la Mesa Directiva del Senado que tuve el honor de presidir, creó ese cargo con sentido eminentemente técnico, para separar convenientemente las funciones administrativas de las legislativas, y haberlo convertido en trompo de poner político ha constituido grave error. Que esta vez el Senado no se equivoque y elija al mejor candidato.