“El hacinamiento no tiene comparación”

Hemos venido sosteniendo que uno de los pilares para lograr buena convivencia y extrema seguridad sería una  incuestionable y pronta justicia. De nada vale tener ciudades organizadas, controladas y bien vigiladas; de nada vale lograr ciudadanos comprometidos, respetuosos de la ley, si no contamos con normas que regulen y auditen ese comportamiento; de nada vale contar con un cuerpo de policía profesional y eficiente, frente a la ausencia de lugares adecuados para recluir a los delincuentes o contraventores de las normas; y mucho menos vale contar con una administración eficaz, si todos los esfuerzos se quedan en buenas intenciones por falta de presupuesto para cubrir las falencias que en materia de justicia sufren los municipios.

Nadie desconoce en el país, o para nadie es un secreto, el caos que se vive en los lugares destinados a recluir los  transgresores de la ley y normas del buen vivir. Sitios que avergüenzan a las autoridades de todo nivel, aun a sabiendas que estas deterioradas instalaciones son lugares de paso. Se padece un hacinamiento desbordado, acompañado de condiciones higiénicas insostenibles. El abandono, desaseo e  indolencia llaman la atención pues ya es un lunar que se debe atender con la máxima presteza posible, evitando -como ya lo manifestamos- que se sigan convirtiendo en lugares vergonzantes para autoridades, la ciudad y la misma sociedad. Muchas de las personas allí conducidas deberán  ser transferidas por orden de autoridad competente a lugares de reclusión más consolidados, organizados y bien administrados. Situación ideal pero que tampoco se logra porque las cárceles sufren, sino iguales, peores condiciones que aquellos lugares mencionados anteriormente. El hacinamiento no tiene comparación, reportándose  descomunal frente al vivido en los puntos de paso. Por lo tanto colegimos que la tan cacaraqueada resocialización,   objetivo último de la ley, no asoma por ningún rincón.

Estos dolorosos cuadros descritos sin mayores detalles, nos ponen de presente lo difícil que es impartir justicia en nuestro país. El Inpec, institución responsable del manejo carcelario en Colombia, tiene muchas falencias y problemas para ejercer con solvencia esta delicada función. Bástenos hablar de sindicatos, porque este instituto tiene más de cincuenta grupos, que en poco o nada ayudan y, por el contrario, dificultan la misión.

Lo anterior nos invita a recomendar al Gobierno decisiones de fondo, que logren pronta y severa justicia; mucho se habla de incrementar las penas, pero antes se deben organizar los lugares de reclusión, buscando que el castigo cumpla con su objetivo y no se convierta la detención en rey de burlas para la ley. Se pensó en transferir  el instituto a la Policía ¡No le hagan ese favor! Bastante tiene la institución con su lucha frente a la delincuencia en todas sus facetas, para colgarle semejante esperpento.