El reciente Foro Económico sobre Energía y Clima organizado por los Estados Unidos con la participación de, entre otros, China, India, la Unión Europea, Brasil, Japón, que representan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, buscó analizar los progresos logrados desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP26), que tuvo lugar en Glasgow en noviembre del año pasado, y las "prioridades y retos futuros" para acelerar la lucha contra el cambio climático.
De lo que se trataba era de analizar los posibles avances en la implementación de las promesas que se habían hecho en materia de reducción de emisiones de dichos gases, luego de las muy difíciles negociaciones llevadas a cabo en Inglaterra y de examinar las perspectivas para el nuevo reto planteado para el COP27, que se realizará en Egipto, de reducir el uso de carbón.
El británico Alok Sharma, quien presidió la COP26 había advertido pocos días antes durante un discurso en el centro de pensamiento Chatham House que el pacto de Glasgow corre el riesgo de quedarse "solo en palabras", al tiempo que el propio John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, no ocultaba su preocupación por no ver suficientes signos de avance en la materia.
Estados Unidos intenta a toda costa mantener el impulso, pero su liderazgo se ve limitado por sus dificultades internas, particularmente por los tropiezos del plan de infraestructura del presidente Biden, del cual 555.000 millones de dólares se destinarán a la lucha contra el cambio climático. Esta inversión es necesaria para permitir que el segundo mayor contaminador del mundo cumpla con sus objetivos climáticos (entre el 50% y el 52% para 2030 en comparación con 2005).
Los riesgos de guerra en Ucrania, cuyo trasfondo precisamente está ligado a un conflicto por las fuentes de energía en Europa, no hace por supuesto sino aumentar las posibilidades de ver alejarse el cumplimiento de los objetivos enunciados. En este contexto cabe preguntarse en particular si se concretarán algún día los $ 100 mil millones al año prometidos por los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, o cuáles serán las posibles respuestas que se darán al conflictivo tema de los "daños y perjuicios" involucrados en el cambio climático.
En Colombia cabe preguntarse también por el real avance de los compromisos adquiridos por el país en este campo, los cuales se anunciaron con gran despliegue mediático a nivel internacional, así como, entre otros temas relevantes en la materia, por la suerte que finalmente tenga en el Congreso de la República el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, entrado en vigor el 22 de abril del 2021, luego de la ratificación del mismo por parte de Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucía. ¿Nuevos nubarrones o sol esperanzador? Habrá que esperar.
@wzcsg