En los últimos 15 años, más de 500 mujeres, menores de edad, fueron criminalizadas por el delito de aborto. La cifra proviene de la Fiscalía y estremece el corazón. Detrás de cada una de estas niñas hay historias de violencia, discriminación y mucho sufrimiento. Como si no fuera suficiente con la pobreza, la exclusión social, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar que muchas padecieron, el sistema jurídico se ensañó aún más con ellas persiguiéndolas, juzgándolas y condenándolas. Su delito fue haber decidido sobre su propio cuerpo, último reducto de autonomía de los seres humanos. Su tragedia, haber nacido mujeres y ser sometidas a todas las formas de violencia que existen, física, sicológica, económica e institucional. Algo no es justo en esta situación, eso fue lo que reconoció, entre otras cosas, la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2022.

El caso de las menores de edad es solo la punta del iceberg de una problemática compleja a todas luces. En lo más profundo y turbio de este asunto se encuentra el aborto clandestino que, al ser inseguro, pone en riesgo la vida de cientos de miles de mujeres. Algunas cifras hablan de 400.400 abortos al año en Colombia; no se sabe a ciencia cierta, pues al ser una actividad ilegal resulta difícil contabilizarla. Lo que es un hecho contundente es que el aborto ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo de manera masiva -incluso aunque esté prohibido- y que las consecuencias de su práctica no regulada son nefastas para las mujeres y para el conjunto de la sociedad. La Corte Constitucional ha reconocido esta dura realidad como primer paso para afrontarla y mitigarla; del mismo modo han hecho otros 75 países que llegaron a la misma conclusión y que hoy brindan servicios de aborto libre, legal y seguro.

En un país donde todo parece adverso para aquellas mujeres que viven en la pobreza y en contextos rurales, este es un gesto esperanzador por parte del Estado de Derecho. Mientras los delitos de abuso sexual, feminicidio y violencia de género se incrementan, la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación devuelve un ápice de autonomía a quienes se les ha negado todo. Tener la protección del Estado es vital para quienes viven en constante peligro, pues es en las casas donde ocurren gran parte de las agresiones contra niñas y mujeres; sin embargo no es suficiente. Se requiere un cambio cultural profundo. La experiencia en Colombia y en el mundo ha demostrado, con creces, que el aborto no disminuye con la prohibición, en cambio sí con la educación. Necesitamos más y mejor educación sexual en los colegios y en las casas, más información para que hombres y mujeres tengan plena consciencia de sus derechos sexuales y reproductivos -consagrados como Derechos Humanos- y para derribar las barreras que aún impiden su ejercicio. Necesitamos que nunca más, nadie, ninguna persona o institución crea que puede controlar y disponer del cuerpo y de la vida de las mujeres; ese día podremos celebrar.

@tatianaduplat