“Ningún gobierno se ha atrevido a liquidarla”

La fuga de la exsenadora Aída Merlano encendió nuevamente el debate sobre la privatización del Inpec, o en su defecto sobre la necesidad de su liquidación. Es esta una situación recurrente que se examina al calor de acontecimientos deplorables pero que se desvanece sin que el tema pase de la indignación a la fase de una posible solución.

El Inpec  es hoy una entidad ingobernable, corrupta, incapaz de cumplir la misión que se le asigna y perpetradora de múltiples violaciones a los derechos humanos. No garantiza la seguridad de los reclusos, ni sus derechos a la salud, a la educación, trabajo, rehabilitación, resocialización, ni mucho menos al respeto a la dignidad humana de quienes se hallan a su amparo. Todo el país sabe de su inviabilidad, pero ningún gobierno se ha atrevido a su liquidación. Las medidas cosméticas que se han tomado solo lograron acrecentar las denigrantes condiciones en medio de las cuales opera.

Las declaraciones de la Ministra de Justicia indican que este gobierno se alista para una cirugía de fondo al sistema penitenciario: “todos sabemos que el Inpec tocó fondo, las cárceles tocaron fondo, y nos toca como Gobierno enfrentarlo…, hay que tomar muchas medidas… y este Gobierno decidió asumir la responsabilidad política de enfrentar la problemática.” No será tarea fácil, no solamente porque se atrincherarán los 78 sindicatos con el apoyo del mamertismo nacional en defensa de sus privilegios y de la corrupción que éstos generan, sino también porque exigirá cuantiosos recursos, claridad sobre sus finalidades, temple y manejo políticos y la formulación de una política criminal integral que hasta hoy ni siquiera se ha intentado. La formulación de esas políticas se ha reducido a acciones pendulares que oscilaron entre la exigencia punitiva y los beneficios indebidos cuando las cárceles se atiborran.

El Inpec tiene sus días contados. No es posible recomponerlo, reformarlo o restructurarlo, porque sus vicios y defectos son insanables. Hay que construir un nuevo sistema que atienda al respeto de los derechos humanos de los reclusos, a su rehabilitación y resocialización, que son los fines del sistema penitenciario, a las exigencias de seguridad, salud y trabajo de los internos, y que estimule la construcción de cárceles que erradiquen el hacinamiento, los privilegios comprados, y que garantice un modelo de contratación libre de desfalcos, como los que caracterizan hoy a la Uspec. Hacerlo de manera que no permita su deconstrucción y desfiguración como aconteció con el sistema acusatorio que hizo peor el remedio que la enfermedad.

La ministra sabe que tomará tiempo e ingentes esfuerzos, pero también debe tener claridad que debe lograrse bajo este mandato para impedir los efectos del síndrome de Adán que puede afectar a los gobernantes venideros. Éxitos ministra.