A decir verdad, nadie esperaba del representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU un informe que contuviera un análisis balanceado, integral y actualizado, que reflejara la compleja realidad nacional. Sus posturas, declaraciones y opiniones anteriores así lo anticipaban, como que ya habían despertado un evidente y fundado malestar del Gobierno colombiano, que se tradujeron en las condiciones que presidieron la renovación del mandato a esta dependencia de la ONU en Colombia.
El señor Brunori hizo caso omiso de ellas, principalmente del deber de informar al Gobierno de sus preocupaciones y consideraciones antes de emitir sus informes, como es de usanza en las relaciones con los gobiernos que acogen oficinas de los órganos multilaterales. Ese deber apunta a mejorar la información y fortalecer propuestas viables que colaboren al fortalecimiento de políticas de protección de los derechos humanos. Su deliberada omisión suscita naturales perspicacias, que se vieron confirmadas por el contenido del informe y las rimbombantes declaraciones del señor Brunori a los medios de comunicación.
Desconocer los avances en la implementación de los PDET que, de los dos proyectos entregados por el anterior Gobierno, ya completa 16, no es asunto de miopía sino de deliberado desconocimiento de la realidad. Así también, su afirmación de que en la acción del Esmad “no se cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”, se halla huérfana de todo sustento probatorio, que, aunada a la de calificar de ejecución lo acontecido con Dylan Cruz, son aberrantes conclusiones que desbordan el marco permitido para su actuación. La lectura del informe sugiere la existencia de un propósito decidido de descalificación de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, que se complementa con debilitar o procurar el desmantelamiento de Esmad, y que se consolida con la insólita conminación al Gobierno para trasladar a la Policía, bajo la égida del Ministerio del Interior. Olvidó Brunori lo acontecido en Chile bajo del Gobierno de Bachelet con la supresión de la fuerza antidisturbios, y poco le importó inmiscuirse en asuntos vedados a sus tareas como representante de una institución de carácter multilateral.
En su informe, Brunori omite las violaciones perpetradas por el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Pelusos y demás criminales alimentados por el narcotráfico, y se aparta de los informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas sobre los avances de la política de Paz y los progresos en Derechos Humanos en el país.
El señor Brunori debe procurar verdad en sus expresiones y acreditar con sus actuaciones independencia en el debate político. No hacerlo, es develar militancia y perder credibilidad.