En un evento con medios alternativos, comunitarios y públicos convocado por el gobierno, pretendió el presidente disipar las continuas y variadas críticas a su gestión en diferentes e importantes medios de comunicación, con la misma intemperancia y agresividad que acostumbra y de las que se sirve equivocadamente para tender cortinas de humo sobre los errores y fracasos de su gestión de gobierno.

Acosado por la desaprobación generalizada que se ha suscitado, sin pruebas al canto agregó al consabido golpe blando la acusación de que se halla en curso “un atentado contra su vida para matarlo o sacarlo del poder lo más pronto posible”, sindicación que ya había expresado en relación con las exitosas marchas de la oposición, a las que hoy se agregan los escándalos en la Unidad de Gestión del Riesgo y la investigación del CNE sobre la financiación de su campaña.

La desesperación del gobernante nubla su buen juicio. Nadie piensa en derrocarlo, ni muchos menos en atentar contra su vida, porque el interés de los colombianos es el de preservar la democracia, sus instituciones, los mandatos constitucionales y los derechos a la vida y a la seguridad de todos los colombianos, que nadie, ni el más desatinado, pretendería alterar con golpes blandos, ni mucho menos manchar con felonía el futuro del país.

La cortina de humo que levanta el gobierno para responder a la decisión del CNE de acelerar la consideración y estudio de la ponencia que formula cargos a su campaña presidencial de esconder pagos con los que se violaron los topes de financiación que estipula la ley y cuya comprobación se castiga con la dejación del cargo de presidente de la república, podría resultar innecesaria. Un artículo del Plan de Desarrollo convirtió al CNE en un ente autónomo administrativa y presupuestalmente que le permitiría asumir competencias en materia electoral antes atribuidas a la Registraduría.

“En el Consejo Nacional Electoral se programan $1,1 billones para su normal funcionamiento, que incluye llevar a cabo la reposición de votos a los partidos y movimientos políticos, entregar los recursos para el funcionamiento de los partidos políticos y el cumplimiento del Estatuto de la Oposición. Así mismo, incluye recursos para el cabal cumplimiento de sus funciones relacionadas con los eventos electorales que se llevarán a cabo durante la vigencia”, dice el proyecto del presupuesto del MinHacienda que está en discusión.

El CNE quiere usar esa plata para hacer el preconteo y escrutinio de las elecciones de 2026, algo que históricamente ha sido función de la Registraduría, a pesar de no contar con la capacidad, ni de ejecutar esos recursos, ni con la experiencia y conocimientos requeridos para que su personal pueda realizar una tarea de esa envergadura, que además exige altas condiciones de independencia.

El CNE carece de la autonomía, conocimientos y experiencia para asumir esas competencias y hacerse responsable de la organización electoral en el 2025 y de las elecciones de Congreso y, las presidenciales del 2026, así como de la capacitación de los jurados y testigos electorales, la realización del preconteo, el escrutinio, los softwares necesarios y el personal idóneo requerido.

El golpe blando que tanto cacarea el presidente cuando se ve afectado por sus desvaríos, errores e ineptitud en las tareas de gobierno, podría consumarlo el gobierno y con ello hacer realidad sus propósitos de eternizase en el poder, si el Congreso lo avala y el CNE lo realiza.