Resulta ilusorio pensar que los efectos de la pandemia del Covid-19 lograrían desvanecer los distintos problemas que confronta el país. Nos lo ha recordado el Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, con su ominosa declaración en la que atribuye al gobierno de Iván Duque “una venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el Eln (...) para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia”.

Se trata de la imputación del más grave de los delitos contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, que por su propia gravedad y naturaleza no puede formularse simplemente por sentimientos de animadversión política, por quién se halla investido de la labor de propagar el Evangelio y con ello promover la reconciliación entre los colombianos. Por ello, le asiste la obligación de presentar las pruebas que sustentarían sus graves afirmaciones, o una honorable retractación, con propósito de enmienda, para no verse incurso en diligencias judiciales por razón de su intemperancia. Le convendría al Arzobispo desistir de su carácter de militante para sumarse a la búsqueda de la paz que nos compromete a todos, incluida la Iglesia de la mayoría de los colombianos.

El acuerdo de paz con las Farc-EP, a pesar de la ilegitimidad de origen que lo afecta por decisión de la voluntad popular, ha venido ejecutándose con las naturales dificultades propias de los acuerdos de su misma naturaleza.

El mayor desafío que hoy confrontamos es el de las Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el dominio de territorios en donde compiten por los réditos del narcotráfico y ejercen, en ausencia de la institucionalidad, un brutal control sobre las comunidades que tienen que padecer el dantesco terror del que son víctimas. Todas ellas, y especialmente el Eln y las disidencias de las Farc, son engranajes de un escenario geopolítico para consolidar el poder dictatorial de Maduro y la supervivencia del régimen castrista en Cuba. Representan el mayor desafío a la soberanía, seguridad e integridad territorial que jamás haya confrontado Colombia desde los días de su independencia.

La respuesta no puede centrarse en una negociación con el Eln, tan proclive a desgastar a los gobiernos en tratativas prolongadas que abandonan a su antojo y conveniencia. Implicaría eludir y posponer la presencia activa de la institucionalidad en todo el territorio nacional y que hoy constituye la ineludible obligación del Estado Colombiano.

Consolidar el Estado Social de Derecho es tarea imprescindible para la seguridad, la justicia, la cohesión y solidaridad sociales, el desarrollo económico, las libertades y la provisión igualitaria de los servicios del Estado a todos los ciudadanos. Permitiría sembrar semillas de paz en los territorios y en las comunidades más violentadas por la criminalidad que nos ha afligido por décadas. Es una tarea irrenunciable, porque de ella depende el futuro de la Nación. La paz requiere el imperio de la ley en todo el territorio.

Esperemos que así lo entienda Monseñor Monsalve para que su palabra recobre consideración y respeto.