Año y medio de gestión del gobierno de Petro demostró con creces que ni él ni la mayoría de sus ministros y altos funcionarios contaban con la formación y capacidades para concebir y ejecutar las labores propias de un gobierno que se auto identificaba como personero del cambio. Defenestrados los ministros con experiencia y conocimientos del manejo del estado, el presidente dinamitó su primera y amplia coalición sin motivo distinto al de reinar en la improvisación e incoherencia, para rodearse de personajes cuyos méritos se limitaban mayoritariamente a su identidad con los desvaríos ideológicos del mandatario.

La ineptitud se apoderó de la generalidad de los despachos ministeriales y la supina ignorancia de los mecanismos de ejecución presidió las tareas del ejecutivo, generando desazón en la ciudadanía y polarización de las fuerzas políticas. Todo ello animado por insólitos incumplimientos de su agenda por el presidente, nunca explicados, pero si devastadores para su imagen y sus responsabilidades de jefe de estado.

La pobre ejecución del presupuesto de inversión contribuyó a la contracción de la economía en términos iguales o peores a las registradas en la pandemia. La paz total resultó en el empoderamiento del control territorial de las organizaciones criminales al amparo de ceses al fuego sin mecanismos que los regenten y verifiquen y en la paralización de la Fuerza Pública en detrimento de las comunidades que padecen los enfrentamientos de los criminales por el dominio de todas las actividades ilícitas que acrecientan sus patrimonios. El afán de estatización de todas las prestaciones y servicios impidió la aprobación de sus reformas en el Congreso y motivó la búsqueda de la reingeniería de un estado que empieza a colapsar por su impotencia en atender las necesidades de la nación. 

No acertar en el diagnóstico impidió alcanzar las metas deseadas y se tradujo en la apabullante derrota del Pacto histórico y sus aliados en las elecciones regionales, y explica la prioridad que han dado gobernadores y alcaldes a nuevos criterios y contenidos para su conversión en realidades.

El carácter político que antaño se les atribuyó a los alzados en armas se ha desdibujado de tal forma que se ha visto suplantado por la naturaleza estrictamente criminal de actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras conductas delincuenciales que hoy solo determinan los apoyos que recaudan en gobiernos totalitarios de igual estirpe e intereses. En las Américas es cada día más evidente esa simbiosis que debe guiar todo esfuerzo por la paz y la seguridad de los ciudadanos.

Se avizora una reestructuración del Estado que irá más allá de la situación de seguridad y abarcará el régimen institucional y la organización territorial, que implicará transferencia de autoridad y responsabilidades a los gobiernos departamentales y municipales que deben atender sus propios mandatos ciudadanos, como ya lo expresó el alcalde Galán al presidente Petro en su primera reunión en el Palacio de Nariño y lo viene advirtiendo el senador Name, presidente del Congreso.

Comprender que el cambio anhelado tiene alcances mayores, mejores y distintos a los de reinstaurar la dictadura del burocratismo estatal, marcará el destino del gobierno de Petro. Amanecerá y veremos.