Ser ambientalista en Colombia, es peligroso. Según el informe anual de Global Witness, el año pasado asesinaron a 65 personas que defendían los derechos humanos en asuntos ambientales. Cuidaban nuestra casa común; nos cuidaban a todos los demás. Alzaron su voz porque consideraron que alguna actividad ponía en riesgo los recursos que garantizan nuestra supervivencia y los mataron.

Entre tanta sangre derramada, la de ellos parece diluirse en los ríos de la indiferencia hasta desaparecer por completo, sin dejar rastro. El resto del país, aletargado entre la violencia, mira hacia la otra orilla porque es más cómodo. Prefiere pensar que no tiene nada que ver en el asunto, que es problema de otros y que es algo connatural al hecho de vivir acá.

Colombia, dice el informe, es el país más peligroso para quienes defienden los derechos a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. No ocurre, en esta dimensión, en ningún otro lado del mundo. Mientras las vidas de los defensores flotan a la deriva, la herramienta para defenderlos a ellos se hunde entre el fango de algún anaquel en el Congreso. Qué indolencia.

El acuerdo de Escazú: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado por Colombia en el 2018, aún espera por su ratificación. Los gobiernos de 24 países, incluyendo el de Colombia, definieron estrategias para reducir las tensiones alrededor del medio ambiente y promover inversiones que hagan realidad los principios del desarrollo sostenible, pero los legisladores se han negado a ratificarlo.

El acuerdo se sustenta en la necesidad de propiciar conversaciones sobre el desarrollo. Para lograrlo, plantea mayor acceso a la información y mecanismos de participación que equilibren la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. También contempla mecanismos de protección a quienes se ven amenazados por organizaciones criminales que se lucran de la expoliación de los recursos naturales. No se trata de escoger entre la economía o el medio ambiente, sino de satisfacer las necesidades de los seres humanos hoy y en el futuro. Esa es la conversación pendiente.

Solo del diálogo entre las partes podrá surgir una postura compartida que nos conduzca a todos a un mejor lugar. Ratificar el acuerdo de Escazú y proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, es vital para que las comunidades rurales y urbanas, los pueblos afros e indígenas, los industriales y el mismo Estado construyan, juntos, una visión compartida sobre el desarrollo. Si no nos escuchamos seguiremos atrapados entre la violencia del crimen organizado y entonces, sin importar el color político, todos habremos perdido.

Los ecosistemas no saben de fronteras, la dignidad tampoco. Este es un problema colombiano que afecta al resto de la humanidad; por eso es urgente sumarse a otros países en la protección de los derechos ambientales. Conversar, y que nadie se juegue la vida en el intento, es lo que propone el acuerdo. Conversemos, por favor. 

@tatianaduplat