La economía española se encamina hacia un cuatrimestre lleno de incertidumbre y de datos preocupantes sobre la industria, el comercio, el empleo, el poder de compra, los tipos de interés, la deuda pública y las exigencias de Bruselas de recortar el gasto público para ir cumpliendo con los compromisos anteriores a la pandemia.

España, si todo queda como se prevé en las primeras conversaciones mantenidas entre los estados miembros de la UE, tendría que hacer un recorte de unos 25.000 millones de euros entre este año y el próximo. La cantidad es inferior a la que el gobierno del socialista Pedro Sánchez ha gastado en los días previos a las elecciones del 23-J e incluso después estando en funciones, lo que por cierto es bastante discutible legalmente. De hecho, algunos ministerios siguen haciendo contratos y gastando el dinero de los contribuyentes en cosas tan variopintas como innecesarias.

La cuestión es que la deuda pública sigue escalando récords en términos absolutos, cuando la economía claramente se desacelera. El problema es que teniendo en cuenta el gasto fijo que suponen las pensiones y los salarios de los empleados públicos la factura es inmensa.

Si además añadimos la creciente partida que supone el pago de los intereses de la deuda, ese que según la vicepresidenta Calviño estaba controlado, el margen de maniobra que nos queda es bastante reducido.

Difícilmente, con un gobierno de Sánchez hipotecado por sus socios y sus peticiones económicas, España podría cumplir con las exigencias de la Unión Europea. De modo que tenemos asegurada una brutal subida de impuestos para hacer frente al más que previsible recorte. Además, si los tiempos se alargan será muy complicado que se pueda llegar a un techo de gasto y ya no digamos a contar con unos presupuestos.

Todo ello supone, teniendo en cuenta el parón que ya se está produciendo en la actividad, el panorama se complica y lo que nos espera a empresas y ciudadanos son duros meses por delante, si no años. Hacienda seguirá presionando además en un escenario en el que la inflación tardará en volver a niveles aceptables. Esto nos lleva directamente a una mayor pérdida de poder adquisitivo y a unos costes de las hipotecas y de lo básico como la cesta de la compra inasumible para una gran parte de la población.

En este escenario, la idea de una repetición electoral al menos ofrece la esperanza de que los ciudadanos, que ya han cumplido su misión de votar el pasado julio, tuvieran la oportunidad de decidir otras sumas que no nos dejen en manos de los que quieren destruir España a costa de los españoles y de que el gobierno nos chupe la sangre hasta dejarnos exhaustos.

En este momento, todo está abierto y no hay que descartar nada.