“Nuevo desafío para la democracia en la región”
Las marchas del 21 de enero evidenciaron lo que muchos presentían y anuncian una mutación en las modalidades de la protesta social por obra de las organizaciones visibles y ocultas que las promueven. A pesar de sus esfuerzos y protocolos, los alcaldes recién posesionados se vieron desbordados por la violencia que predominó en las movilizaciones de escasas asistencias, lo que condujo al Comité del Paro a negar su autoría y a limitar su convocatoria a la realización de un simple cacerolazo.
Corresponde hoy a las autoridades investigar y sancionar el vandalismo y sus autores, que actuaron a sus anchas en medio de la pasividad de los marchantes, y seguros de que su judicialización no pasaría de unas retenciones temporales que, en vez de disuadir, envalentonan a quienes perciben remuneración para ejercer la violencia, como se desprende de las investigaciones policiales.
Una vez más se demostró que los convocantes del paro no representan a los sectores diversos de las protestas callejeras, como ya se puso de presente con el contenido de sus 134 exigencias para la negociación con el gobierno, que recogen las pretensiones de la otrora Farc, del Eln y de los sectores más hirsutos del izquierdismo anticapitalista cubano y venezolano que hoy contaminan a gran parte de la oposición colombiana. Su pretensión de someter al gobierno a negociación se torna así cada vez más improbable y fortalece, en participación y contenidos, a la Conversación Nacional que adelanta exitosamente el gobierno.
Pero ello no es motivo de tranquilidad para el gobierno, porque el agotamiento que se presiente de la protesta callejera en las ciudades está mutando hacia diversas concentraciones, en sitios estratégicos que permitan la obstrucción de las principales vías de comunicación del país. Las anunciadas reuniones de coordinación y preparación entre todos los actores del Paro, previstas para el 30 y 31 de enero, y que contarán con participación de las organizaciones indígenas, de algunas afrocolombianas, de Cocaleros, de Colombia Humana, el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica y demás colectivos políticos de similar corte ideológico, revisten un carácter diferente a la legítima protesta social y constituyen instrumento de desestabilización del régimen democrático.
A ello se sumarán los agentes cubanos y venezolanos, cuya presencia en Colombia es evidente, seguramente auxiliados por expertos en terrorismo, como los de Hezbolla, el Eln y las disidencias de las Farc asentados en Venezuela para apoyo del sátrapa Maduro y de su régimen, como se expresó en la Conferencia sobre Terrorismo, reunida el jueves en Bogotá
La activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la reunión de la Conferencia sobre Terrorismo confirman la preocupación por una posible mutación de la protesta social y un nuevo desafío para la democracia colombiana y hemisférica. Debemos estar preparados.