Resulta difícil de analizar la explosión de violencia urbana provocada por la absurda muerte de Nahel, adolescente francés de origen argelino, a quien un policía disparó por negarse a detener el vehículo que manejaba durante un control de rutina en las calles de Nanterre.

Ya en 2005 Francia había vivido semanas de disturbios que se extendieron por todo el país como reacción a otra controvertida actuación de la policía, lo que había llevado a un gran debate sobre sus protocolos de uso de las armas, sin olvidar los que se suscitaron con la respuesta enérgica al movimiento de los “chalecos amarillos” que durante muchos meses afectó a esa nación y significó también la destrucción de numerosos bienes públicos y privados.

La novedad en esta ocasión es que son jóvenes menores de 15 años los que en su mayoría han protagonizado los disturbios y los irracionales daños al mobiliario público, bibliotecas, almacenes y centros sociales de las grandes ciudades francesas, y en particular de los barrios populares en los que habitan la mayoría de quienes han sido capturados por estos hechos.

El gobierno busca responder  con firmeza, pero a la vez con cautela, ante una  situación que sabe minada y llena de actores interesados en instrumentalizar, tanto los sentimientos de abandono, exclusión, segregación y racismo contra los que  dicen protestar muchos de estos jóvenes, como la evidente indignación de los habitantes de las ciudades que ven cómo se incendian miles de vehículos, se destruyen por todas partes bienes públicos y privados y  se altera gravemente la vida cotidiana de millones de personas en las  más de 220 comunas afectadas en estos últimos días.

A lo que se suma la evidente mala fe de los líderes políticos más extremistas de cada ala ideológica, que buscan pescar en río revuelto para hacer avanzar sus agendas de odio. Desde el señor Melénchon en la extrema izquierda,qquien en lugar de llamar a la calma, cínicamente pide que no se toquen colegios y bibliotecas, como si los demás bienes no debieran ser protegidos, y como si la violencia  en los otros casos fuera legítima; pero también la extrema derecha que quiere hacer encajar esta lamentable situación en su discurso  de “guerra de civilizaciones”, “enclaves extranjeros”, “enemigos internos”, “disturbios raciales”, y de “quinta columnas musulmanas para derrumbar la civilización cristiana”.

Al nivel de violencia alcanzado en los disturbios  que han dejado cientos de policías  heridos, robos a comercios, pillaje y destrucción del inmobiliario público, hay que agregar los ataques e incendios de alcaldías, e incluso de la casa de  un concejal poniendo en riesgo la vida de su familia, en hechos en los que también  han aparecido verdaderos comandos organizados con pasamontañas,  barras y una amplia  logística que ha llamado la atención, no solo de los habitantes de Mons-en-Berouel en el norte de Francia y de otras ciudades en las que fenómenos similares se ha presentado, sino necesariamente  de las autoridades encargadas de hacer frente a toda esta crisis.  

En las próximas semanas estarán en juego las garantías propias de un Estado de derecho, y entre ellas las del respeto al debido proceso para el policía implicado en la muerte que desató la ira que ronda las calles, y la exigencia de justicia de los familiares de Nahel y de amplios sectores de la opinión francesa, que reclaman también la revisión de la ley de 2017 sobre la posibilidad de la policía de utilizar armas de fuego ante la negativa de acatar una orden de detenerse. Estará también a prueba, según evolucione la situación, la capacidad de respuesta del Estado y de las herramientas jurídicas a disposición del gobierno, que pueden llevarlo hasta la declaratoria del Estado de urgencia que algunos sectores reclaman, con todas las implicaciones que ello comporta para las libertades.

@wzcsg