Hilando delgado
“Riqueza de la Nación no puede ir a bolsillos particulares”
“EL Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. Artículo 332 de la C.P; artículo 202 de la derogada Carta de 1886.
En una documentada crónica periodística Juan Gossaín afirmó: “Colombia es uno de los 10 países del mundo, y el primero entre todos los de América Latina, donde más cara se paga la gasolina, incluyendo a las naciones que producen combustible, y también a las que deben importarlo.” (El Tiempo 19 de agosto de 2011).
Lo paradójico del tema es que, amén de las razones y explicaciones que pueda dar el Gobierno para justificarse, incluso para no tomar como una hilaridad el anuncio del ministro Rodado de rebajar en cien pesos el galón de gasolina, es insólito que a sabiendas de la incidencia que tiene el valor del combustible en la economía nada se haga para aliviar esta carga y, por el contrario, que la empresa que explota hace 60 años los yacimientos de petróleo en el país, que se supone es propiedad de los colombianos y de nadie en particular, según las normas atrás citadas, se esté privatizando paulatinamente, para beneficio de quienes tienen a su alcance la posibilidad de adquirir las acciones que ofrece sin reato Ecopetrol. Contrasta esta política con la mexicana que, a partir de la nacionalización decretada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, se consideró que la industria del petróleo es de la Nación y por lo tanto inalienable e imprescriptible.
Ecopetrol, a diferencia de Pemex, nació en 1951 no como resultado de una exigencia sino de la extinción del contrato de concesión otorgado por el presidente Reyes a comienzos del siglo. A partir de la concepción neoliberal del Estado, 1991, se impuso la tesis de transformar esa Empresa Industrial y Comercial del Estado y de ahí nació la Sociedad Anónima que ahora reparte sus utilidades no entre todos los colombianos, sus naturales accionistas, sino entre los privilegiados que adquieren acciones, por cierto rentables, todo gracias a los especulativos precios a los que se venden los productos del petróleo, entre esos la gasolina, a una comunidad que cada día ve mas menguados sus ingresos como consecuencia de estos costos.
Hilando delgado: el petróleo es de la Nación y las utilidades que su explotación rinde deben repartirse entre toda la comunidad y no entre unos accionistas en particular. Esas utilidades deben reflejarse en frentes tales como la construcción de vías y así acabar con los elevados peajes que encarecen el costo de vida del pueblo. La riqueza de la Nación no puede ir a parar a bolsillos particulares. A esa conclusión lleva el análisis de Gossaín, la lectura de la historia y la Constitución a la luz de lo que la Corte ha dicho en Sentencia C-006 de 1993.