El proyecto de acto legislativo que presentó esta semana el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, trae innovaciones de gran importancia para el correcto funcionamiento de la vida política en Colombia.
Solamente voy a considerar las propuestas que se refieren a dos dimensiones fundamentales de la vida política, a saber: el financiamiento de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas electorales.
El tema del financiamiento del funcionamiento las organizaciones políticas, partidos y movimientos se plantea como un mecanismo mixto en el cual concurren los recursos financieros del Estado y los recursos de otras fuentes. Me parece que es una manera de dejar abierta una rendija que, en estas materias, se convierte en una auténtica tronera que lleva a que dineros de todos los pelambres entren en cantidades incontrolables a los partidos políticos.
El proyecto es bien claro en la regulación de la financiación de las campañas electorales tanto del presidente, vicepresidente, gobernadores alcaldes y miembros de corporaciones públicas. En este caso no deja rendijas y utiliza conceptos tan contundentes como completamente y exclusivamente para señalar que no pueden existir recursos de ningún origen diferente a los del Estado .
Llevo décadas argumentando en favor de este tipo de financiación política estatal total porque me ha parecido que en un país, como Colombia, que está cada día más plagado de todo tipo de organizaciones criminales y no solamente las que provienen del negocio ilícito de las drogas, es un riesgo enorme exponer a la política y a los políticos a quedar contaminados por las ambiciones de influencia y control político que estas organizaciones tienen con respecto a todos los niveles del funcionamiento del Estado. Es casi increíble, que después del proceso 8000 y de otros ejemplos que hemos tenido de financiación ilegal, por no decir criminal, de las campañas políticas Colombia haya mantenido un sistema de financiación que llaman preponderantemente estatal pero que al final de cuentas termina siendo altamente contaminado por estas organizaciones ilegales.
Siempre me ha parecido que la integridad de los presidentes, de los senadores y representantes ,gobernadores y alcaldes, diputados y concejales ,debe ser cuidadosamente preservada porque la credibilidad en las instituciones democráticas queda comprometida ,y gravemente ,cuando surgen los rumores, luego las diferentes versiones y más tarde las evidencias de que una u otra campaña estuvo financiada con dineros de origen dudoso o que, aún si su origen era legal, violaban los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Y conocemos las dificultades que esta entidad ha tenido a lo largo de su de su funcionamiento. Inclusive hoy.
Algunos argumentan que una democracia no puede establecer este tipo de prohibición y otros recorren, inclusive, a las teorías de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha considerado que las contribuciones financieras a las campañas y a los partidos forman parte del derecho sagrado de la libertad de expresión  No podemos permitirnos ese lujo sino cuando estemos convencidos de que el crimen organizado en Colombia en cualquiera de sus manifestaciones ha desaparecido. Entonces que la política sea financiada por empresarios y ciudadanos no tiene problema siempre y cuando haya algunos controles que eviten grandes disparidades y distorsionen del proceso democrático.
Este tema de la financiación estatal total ha estado a punto de ser aprobado varias veces en el Congreso. Pero nunca ha logrado beneplácito de los legisladores. Ojalá en esta ocasión y amparados en tantas experiencias desafortunadas, algunas injustas, el congreso entienda que no podemos seguir exponiendo la integridad de nuestro sistema político y de nuestros políticos a las manipulaciones del crimen organizado.