Estamos ante un tema de ribetes complicados, pero de urgente reflexión. La historia nos da cuenta de la imperiosa necesidad de mantener una prudente distancia entre la fuerza pública y la política partidista, los diferentes gobiernos contemporáneos han entendido la importancia de este concepto, que seguramente no se ha debatido con suficiente claridad ni profundidad, para hacer conciencia de las responsabilidades en los unos llámense miembros de las fuerzas y los otros políticos de carrera.
La política hace presencia en diferentes estadios de la vida nacional y su injerencia genera situaciones de difícil manejo, por múltiples razones, y uno de ellos tiene asiento en lo relacionado a la fuerza pública. Si arañamos un poco las memorias de la policía, veremos que esta institución puede dar fe de los inconvenientes que debió afrontar desde los albores de su fundación, al nacer por doctrina y filosofía adscrita al sector gobierno; no vamos a retomar la semblanza conocida de todos los colombianos, bástenos sostener que la institución se vio inmersa en los vaivenes políticos vividos a lo largo y ancho de diferentes regiones colombianas, hasta el año de 1953, cuando por mandato del gobierno quedo integrada al ministerio de la guerra como cuarta fuerza armada. A partir de esa fecha, la policía y sus efectivos quedaron marginados del devenir político y sus hombres dejaron de ser deliberantes. Mejor decisión para el país y su Policía Nacional no podía existir. Salvo conceptos y debates generados por los estudiosos del tema.
Hoy con todo el profesionalismo que soporta a los miembros de la fuerza pública, vemos una morbosa curiosidad en la ciudadanía, que se pregunta porque el nuevo gobierno no ha cambiado los mandos de las diferentes fuerzas, pegunta que sin proponérselo dirige la atención a la misma política de Estado, pues se piensa que si cambian los ministros también deben cambiar los comandantes, olvidado que aquellos nombramientos hacen parte de acuerdos, alianzas, convenios, pactos etc., mientras en cuestión de fuerzas no se presentan esas situaciones, por el contrario, es del fuero interno del señor Presidente de la República la designación de la cúpula y organización de las instituciones armadas, de manera que no es de sorprenderse si el comandante supremo decide no remover los mandos, no obtente haber existido gobernantes que al asumir retiraron todo el andamiaje castrense.
Hay que marcar distancia. Los oficiales prestan servicio en diferentes departamentos del país, allí fungen como comandantes integrándose a la sociedad, alternando con las fuerzas vivas políticas representadas por sus congresistas, tendiendo relaciones y cercanía por obvias razones y germinado grandes amistades. Esta proximidad hace presencia al atardecer, cuando de nombrar cúpula se trata. Qué bueno sería mantener prudencia y no intervenir ni interceder, dejando que las fuerzas y el jefe supremo tomen las decisiones.