Transparencia

“Lo descrito se pensaba en la década de los ochenta”

UN  escrito anterior, “Concretar”, se refirió a reportaje concedido por Mark McKinnon quien delimitó el alcance de una serie de términos utilizados en la política colombiana, con su correspondiente entendimiento en el presente, a fin de inducir las reacciones correctas. Fue motivo de extrañeza que no se hubiera planteado una noción, cuyo uso se ha extendido gradualmente desde años atrás: “transparencia”. Se sugirió la siguiente hipótesis explicativa: tal vez no preocupaba en la época de Virgilio Barco a la que se vinculó McKinnon. Sin embargo, no se insiste en la materia.

La necesidad de la transparencia se vislumbró en relación con el marco internacional del comercio exterior. Se pensaba, bajo dicho marco, que los gobiernos nacionales tenían excesiva capacidad decisoria en el sentido de no rendir cuentas en determinaciones adoptadas en diversos campos. Pronto se hizo evidente que la anomalía se presentaba, también, en la política de personal del Estado: los funcionarios sujetos al régimen de las facultades discrecionales podían ser despedidos sin explicación alguna. Tales actos, a primera vista, pueden prestarse a injusticia porque las responsabilidades no se fijan con rigor, pueden pagar justos por pecadores y no se consideran los diversos grados de culpabilidad en la presentación ante la opinión pública que, en consecuencia, no es informada con precisión completa. Lo descrito se pensaba en la década de los ochenta y comienzo de los noventa en la extinta Asociación Colombiana de Agentes de Aduana (Asocolda).
La situación es del agrado del Estado, y del Gobierno Nacional en particular, porque cabe la posibilidad de disimular errores y deficiencias y, de manera simultánea, originar elogios.

Surgió la invitación, a la comunidad, a participar en la elaboración de una nueva Carta Política con motivo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991. Las propuestas personales se encauzaron a través de Asocolda al considerarse que el Estado les hace caso a las personas jurídicas y no a las naturales por lo cual se formuló, a la ANC, la siguiente sugerencia: las facultades discrecionales desaparecerían en el Estado colombiano y serían reemplazadas por la transparencia absoluta.

La innovación fue rechazada por la ANC, lo cual es entendible. Se esperaba su aceptación final, en el largo plazo, por la implantación gradual de las prácticas internacionales pero tal cauce es lento en Colombia. Place haber impulsado el intento porque el futuro va por ahí.