Dos situaciones enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. Por una parte, está rodeado de un equipo de adoradores que lo convierten en el prometido que hará brotar leche y miel en nuestra patria y, por otra, se encuentra frente a un pueblo humillado y empobrecido, que ve la tragedia económica más cerca, presintiendo que la inflación no le permitirá encontrar la paz total en los bolsillos de los colombianos.

Elegido Petro decidimos adoptar el pensamiento de Laureano Gómez: “a la gente hay que creerle”. Desafortunadamente nuestros presentimientos se han ido convirtiendo en realidad.

Su populismo se hace notorio cuando confirmamos que la famosa orden de llevar la espada de Bolívar a su posesión fue una trama, pues con anterioridad, el 27 de julio se ordenó la elaboración de una urna de cristal que tendría un costo de $3.136.043, tal como lo refleja la cotización dirigida a la Plaza Mayor.

Ya dispuesta en la Casa de Nariño para ser llevada a la Plaza de Bolívar, Petro se opone, no quiso que estuviera allí sino hasta después de la toma del juramento porque sería la ocasión perfecta para hacer sentir su poder y el pueblo imaginaría que el saliente presidente Iván Duque se habría negado a facilitarla.

Lanza entonces la famosa orden populista: “como presidente de Colombia, solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar, es una orden del mandato popular y de este mandatario”, con lo cual hizo vibrar emocionado el corazón de sus seguidores.

Ya en el ejercicio de su gobierno, jugando con sus trinos, pasa por encima de la Constitución, cuestiona decisiones del Banco de la República, produciendo de inmediato el pánico económico, desconociendo el artículo 371 de la Constitución.

Igualmente, con sus trinos sobre exploración y exportación del petróleo pone a danzar el dólar, que sube y baja al estilo Marbelle.

Recordemos también que en su discurso de proclamación de la victoria solicitó al Fiscal liberar a los capturados de la llamada “Primera línea”.

Consecuentemente, uno de sus alfiles en el Congreso, incluye una modificación (mico) en la Ley 418, donde se le otorga al Presidente la facultad de indultar a los capturados en medio de las protestas. Afortunadamente, el pueblo logra que dicho mico sea excluido del proyecto de ley.

Fue una pretensión contraria a la norma constitucional, que impide al Congreso conceder indultos por delitos comunes, pues carecen de motivación altruista que se configura en los delitos políticos.

Posteriormente el Congreso con la máquina aplanadora logra que se elimine taxativamente la separación de poderes establecida en el art.113, significando que los padres de la Patria de la rama legislativa, mediante la puerta giratoria, puedan ser nombrados ministros, formalizando así componendas políticas entre gobierno y partidos.

Fuertes tormentas se avecinan en las instituciones democráticas, la máquina aplanadora del Congreso y el narcisismo presidencial ya está causando estragos.

Sólo queda esperar la prueba de fuego, que será la reacción del presidente Petro, cuando la Corte declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichas normas.