Alfredo Ramos y yo interpusimos una demanda en el Consejo de Estado contra el decreto que convoca al plebiscito. Los argumentos principales son de dos tipos: aquellos que se refieren a la cuestión de si los acuerdos son finales, y los segundos, sobre la pregunta que el Gobierno planteó.

La ley estatutaria que creó el plebiscito, así como la sentencia de la Corte Constitucional que le dio alcance, son claras en que el plebiscito refrendará el acuerdo final. Final se refiere a uno completo, cerrado, al que no le quedan pendientes temas para ser negociados. Aquello implica dos hechos: las firmas que dan fe de lo acordado y la contundencia de que nada se sigue negociando. Sin embargo, ninguno de los dos se da. Las Farc firmaron el acuerdo con sus alias, de manera que es una firma inocua. El Presidente tampoco firmó, pues consideró mejor hacerlo el próximo 26 de septiembre para producir un efecto electoral. Lo que es más grave, los acuerdos no están completos.

Encontramos que al texto presentado ante el Congreso y que hoy se difunde entre los  ciudadanos, le hacen falta los numerales 3.3 y 6.4, así como el anexo X1 que hace parte del punto 3.1.4.3. Por los twitter de las Farc hemos sabido que aquellos puntos existen, que se siguen negociando.

Los acuerdos excluyen muchos apartes contenidos en comunicados de prensa que contienen asuntos negociados, y que siguen en negociación. Elementos fundamentales del acuerdo como la liberación de los niños reclutados y la conformación del Tribunal de Paz, están tratados mediante comunicados de prensa. Y son el mecanismo tramposo para que la negociación siga. Por ejemplo, cuando el Papa rechazó su inclusión en la selección de jueces, el Gobierno y las Farc siguen negociando para remplazarlo, mientras se supone que la ciudadanía conocía ya el acuerdo final.

El que los acuerdos no sean finales significa que se vulnera el texto de la ley estatutaria 1806 de 2016 y la sentencia C-379 de 2016. El texto presentado al Congreso era incompleto y por lo tanto, el trámite exigido por la ley no se cumplió. Más aún, la obligación de difundir los acuerdos finales para que los colombianos puedan votar conociendo el texto también se vulneró. Lo que circula es un texto incompleto.

El afán del Gobierno de hacer un plebiscito aunque no haya acuerdos finales, deja ver que no hay una vocación democrática de consultar la opinión de los colombianos; se trata simplemente de cumplir lo que considera el trámite. Su desprecio por consultar la verdadera opinión de los colombianos se evidencia en la manera equívoca y tendenciosa con la que planteó la pregunta.

La pregunta eliminó aquello que es fundamental la identificar el acuerdo, que son las partes: las Farc y el gobierno Santos. Habilidosa maniobra, pues ambas son ingratas ante la opinión publica. Y lo que es peor, hizo una pregunta retórica sobre el apoyo a unos acuerdos que construyen la paz estable y duradera. Ese es precisamente el debate, si estos acuerdos  Farc-Santos contribuyen a la paz.

Ojalá la rama judicial defienda los derechos de los electores, el valor de la trasparencia y las garantías en la democracia, ya que a este Gobierno no le merece el menor respeto. Santos dice que hace lo que le da la gana, ¿Habrá instituciones que le recuerden que no? ¿Quedará algo del Estado de Derecho?